El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arenas de Iguña, Vicente Sánchez, ha presentado una denuncia contra el alcalde del municipio, el regionalista Pablo Gómez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, otro de falsedad en documento público y otro de fraude para la obtención indebida de subvenciones públicas.

Según ha explicado el PP en un comunicado, la denuncia, que fue presentada en el Juzgado de Instrucción de Torrelavega el lunes 14 de enero, se basa en la aprobación por parte del alcalde de Arenas de Iguña de diversas órdenes de pago por la ejecución de unas obras en la Casa Consistorial, cuando las obras no estaban ejecutadas aún, con el fin de aparentar el cumplimiento de las condiciones de una subvención.

Así, en el texto de la denuncia se recoge que, con fecha 23 de diciembre de 2011, se dictó un Decreto de Alcaldía en el que se aprobaba el pago de dos facturas por importe de 79.127,15 euros (30.488,55 euros y 48.638,60 euros) satisfaciendo unas obras que, según dicho decreto, se habían ejecutado en la Casa Consistorial correctamente y se correspondían a los gastos realizados por inversiones al amparo de una subvención para financiar inversiones en obras realizadas por municipios.

Sin embargo, según se hace constar en la denuncia, en marzo de 2012 las obras no estaban todavía ejecutadas como prueba el acta notarial levantada al respecto y, por esa razón, la orden del Alcalde de efectuar el pago fue objeto de reparo por la Intervención del Ayuntamiento, a pesar del cual el importe fue satisfecho.

En opinión de Sánchez, el Decreto de Alcaldía de 23 de diciembre "respondía al único fin de aparentar el cumplimiento de las condiciones de la subvención, puesto que el Ayuntamiento de Arenas de Iguña debía justificarlas antes del 31 de diciembre".

El portavoz del PP expone en su denuncia que cuando se preguntó al alcalde al respecto en la sesión plenaria celebrada en febrero de 2012, la respuesta de Pablo Gómez fue que "las obras no siempre se certifican por ejecución, se califica en base al estado de ejecución de las obras y al acopio de materiales necesarios". Pero lo cierto, según incide, es que "el importe satisfecho ascendía al total presupuestado de la obra, que más de tres meses después de haberse pagado continuaba en ejecución".

Asimismo, Sánchez denuncia que, pese a las reiterativas advertencias del Partido Popular sobre lo irregular de estos pagos, el alcalde ordenó por Decreto de 16 de agosto de 2012, el pago de 3.430,57 euros por una demasía en las mismas obras ejecutadas en la Casa Consistorial.

Señala que, preguntado el alcalde en el pleno de noviembre de 2012 por ese pago efectuado y no contando tampoco con el visto bueno de Intervención por falta de justificación, esto fue el detonante para que el PP decidiera, a través de su portavoz, tomar cartas en el asunto.

Ante estos hechos, el portavoz del PP dice "haberse sentido en la obligación legal" de formular una denuncia por si estos hechos pudiesen ser constitutivos de delito.