La Diputación Provincial de Cuenca ha decidido no interponer recurso ante la resolución dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que anula el proceso de adjudicación de la gestión de la perrera provincial, ya que considera que aporta "un marco legal suficiente para iniciar un nuevo proceso".

Según ha explicado el vicepresidente segundo de la institución, Julián Huete, en la resolución el Tribunal estima todos los argumentos presentados por los Servicios Jurídicos de la Diputación Provincial, incluido el de que la cuantía del contrato —300.000 euros— exige clasificación para los contratistas que quieran acceder a él, ha informado la Diputación en nota de prensa.

No obstante, según Huete, el Tribunal entiende "aunque con mucha cautela y reconociendo textualmente que la cuestión es ciertamente discutible, que la falta de desarrollo reglamentario de la nueva ley de contratos impide determinar fehacientemente el grupo y subgrupo de este contrato de servicios y encuadrar plenamente sus prestaciones".

Por ello, "según doctrina del propio tribunal y dada esta laguna reglamentaria, no resultará exigible la clasificación previa del contratista, sino la solvencia técnica, económica y financiera".