El ex alcalde de Librilla, José García Martínez, negó este miércoles que sus hijos pagaran con dinero negro sendas fincas en dinero negro, sino con los 36.000 euros con los que el ex regidor había resultado agraciado gracias a un boleto de la lotería, y que había repartido a partes iguales entre sus vástagos.

El ex regidor contestó de esta manera a preguntas del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, durante su comparecencia a puerta cerrada como imputado en un presunto caso de corrupción urbanística en Librilla descubierto en 2008, en el marco de la 'Operación Biblioteca'.

El ex alcalde admitió que cada uno de sus hijos compró una finca a una mujer, J., pero negó que realizaran el pago con dinero negro, alegando que le había tocado un premio de 36.000 euros con un cupón en 2004, que había repartido a partes iguales entre sus hijos, según fuentes consultadas por Europa Press.

En referencia a los apuntes que habrían aparecido en casa del ex regidor y que harían referencia a los pagos en dinero a J., donde se indican "cantidades a pagar en negro", García Martínez respondió que serían apuntes de su hijo que le dijo la dueña de los terrenos, pero que en su casa "todo se ha pagado en blanco".

Adjudicaciones a acadi

Los hechos que se le imputan al ex alcalde son la posible participación en un entramado de personas dedicado a la adjudicación fraudulenta de contratos de obras o servicios públicos a favor de una serie de empresas, significativamente una llamada ACADI S.L.

En este entramado, supuestamente se habrían facilitado contratos a cambio de pagos de comisiones al alcalde de Librilla, al teniente de alcalde y a J.A.C.O que se habrían tratado de simular a través de facturas falsas, según las mismas fuentes.

Respecto al pleno del Ayuntamiento de Librilla el 29 de julio de 2005 en el que se le adjudicaron a ACADI todas las licitaciones, y el hecho de que todas las empresas que se presentaron en seis de las licitaciones eran las mismas, el ex alcalde justificó que aquello lo llevaban los técnicos, y que él no sabía nada.

Asímismo, aseguró que les preguntó a los técnicos por qué siempre salía ACADI como la adjudicataria de esas licitaciones pero le dijeron "que eran las mejores empresas".

El ex alcalde defendió ante el juez que él nunca supo que aquellas contrataciones fueran "una pantomima", y negó que se supiera de antemano que los contratos se le iban a dar a ACADI y que lo único que se hacía era aparentar que había varios licitadores.

Relación con la empresa de su hijo

García Martínez también negó que encargara en agosto de 2007 que se le pidiera dinero a D.P. para el partido y para sufragar lo que se habían gastado en las fiestas del pueblo.

A lo largo de su comparecencia ante el juez, el ex alcalde reconoció que su hijo tenía una empresa de electrodomésticos, y que él mismo estuvo dado de alta en la misma cuando estuvo en la oposición, entre 1999 y 2003.

Sin embargo, negó ante el juez que el Ayuntamiento hubiera comprado objetos a la empresa de su hijo estando él como alcalde. Todo ello, a pesar de que el Ministerio Fiscal le informó que se han encontrado en los servidores del Consistorio una relación de facturas entre el 30 de abril de 2003 y el 17 de noviembre de 2008 por importe de 141.608 euros con la referida empresa.

Operación biblioteca

La 'Operación Biblioteca' condujo en 2008 a la detención del que fuera el alcalde de esta localidad, José Martínez García, del Partido Popular, que fue dado de baja como afiliado tras su arresto, así como a su teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.

Asimismo, el juzgado de Instrucción número 6 de Murcia ordenó aquel año el ingreso en prisión provisional del consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, José Andrés Cortés, y el responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde el año 2007, José Luis Cano, que falleció posteriormente en un accidente de tráfico.

El juez titular Andrés Carrillo dictó además libertad con cargos y sin fianza para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) urbana de Librilla.

En total fueron diez los arrestos que la UCO practicó. Las detenciones se enmarcaron en las investigaciones que estaba realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que abrió un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

En la primera fase de la operación, se detuvo al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, José Luis Cano; el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de Cortés.

Mientras, en una segunda fase, se arrestó al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; y un asesor del Ayuntamiento, el abogado Cesáreo Gil de Pareja.