Sindicatos lamentan la pérdida de empleo público y piden a las administraciones nuevas ofertas y reposición de efectivos

Fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), quienes reconocen que el paro "ha aumentado una barbaridad" en el ámbito público, han demandado a Junta y Gobierno central que "se incentive la contratación de personal, no se incentiven los despidos sino que se creen puestos de trabajo".

Los sindicatos andaluces de función pública han lamentado la pérdida de empleo público registrada en el último año en España y Andalucia, tras conocerse el pasado jueves los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2012, por lo que piden a las administraciones públicas que planteen nuevas ofertas de empleo público y acometan la reposición de efectivos.

Fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), quienes reconocen que el paro "ha aumentado una barbaridad" en el ámbito público, han demandado a Junta y Gobierno central que "se incentive la contratación de personal, no se incentiven los despidos sino que se creen puestos de trabajo".

Asimismo, en declaraciones a Europa Press, fuentes de este sindicato demandan que "las administraciones doten las relaciones de puestos de trabajo (RPT), pues los funcionarios estamos menguando y cada vez menos personal atiende a los ciudadanos", así como piden que "salgan ofertas de empleo público, que las tienen paralizadas".

Tras lamentar que "solo se repongan ciertos cuerpos de empleados públicos", las fuentes de este sindicato insiste en que "se creen puestos de trabajo y se saquen ofertas de empleo público para que la gente acceda a puestos de trabajo". Critican asimismo que las administraciones "no están ahorrando para crear puestos de trabajo".

"Donde verdaderamente hay mucha gente es entre el personal eventual, ahí hay sobredimensionamiento, especialmente en la Junta", han agregado las fuentes, quienes insisten en que "todo ese personal presente en agencias públicas de la Junta y que ejerce potestades publicas es ilegal y la administración autonómica está incumpliendo las sentencias dictadas, pues encima han creado más puestos para dárselo a su socio, IU".

Sobre las sentencias, el SAF ha anunciado que en próximas denuncias contra la Junta por la reordenación del sector público, "vamos a ir contra la persona que firma y que permite que una persona no funcionaria trabaje en centros oficiales ejerciendo potestades públicas". "No vamos a ir en contra de la Junta, sino en contra de la persona que ha firmado", han aseverado las fuentes, quienes lamentan que "la Justicia es muy lenta y además las administraciones pretenden dilatar todo lo posible los procedimientos, pero lucharemos para que cumpla con la legalidad y no se salte nada a la torera".

Por su parte, fuentes de CCOO indicaron a Europa Press que en Andalucía "se registra menos destrucción de empleo que en España, pues se mantiene la educación o la sanidad en el ámbito público", aunque considera que los datos de destrucción de empleo "siguen siendo bastante preocupantes y alarmantes, pues traen consigo una pérdida de derechos laborales y pérdida de servicios públicos de calidad".

CCOO pide a las administraciones que "busquen políticas alternativas, con medidas que impidan esa destrucción", por lo que espera que la Junta "siga dando vueltas a los presupuestos para conseguir mantener y no deteriorar el empleo público".

En ese sentido, consideran que las ofertas de empleo público "son determinantes y no hay que mirar solo lo que se deja de contratar sino que hay que ver el porcentaje de amortización de plazas".

"En la mayoría de administraciones se amortizan el 100 por ciento de jubilaciones, a excepción sanidad, educación y fuerzas de seguridad, donde la tasa de reposición es del 10 por ciento, lo que provocará una pérdida de oportunidades y posibilidades en materia de empleo público", han agregado fuentes de CCOO.

En materia de reordenación del sector público, CCOO asegura que "la Junta debe garantizar que se cumpla la ley de reordenación para evitar que se pierda más empleo, pero con casos como los asesores y promotores vemos que no se cumple la ley; hay que buscar mecanismos y fórmulas para garantizar el empleo y el servicio público". Apuntan que "hay sentencias dispares en torno a este tema, las cuales critican especialmente el procedimiento que se está llevando a cabo, no tanto el fondo".

Ugt y csif

Por su parte, fuentes de UGT ha valorado de forma negativa la pérdida de empleo público en general, algo que "venimos anunciando desde hace meses, que parte de 2012 y 2013 iban a ser muy malos para el empleo público".

Por ello, las fuentes de este sindicato, tras destacar que en estos momentos de dificultades económicas "los servicios públicos son lo más importante", han lamentado que se destruya empleo público y pide que "se paralice la destrucción de empleo público, se pare esta sangría y al menos se mantenga lo que haya".

UGT considera que la destrucción de empleo público se produce en todas las administraciones y apuntan que hay que "pensar cada caso" a la hora de arbitrar soluciones, aunque reconoce que "estamos en una borrasca profunda, con unas perspectivas muy negras y con una destrucción demasiado rápida de empleo público".

Preguntadas sobre el cumplimiento de la ley de reordenación, fuentes de UGT consideran que "habrá que esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la reordenación de las agencias", aunque el sindicato pide que "haya servicios públicos de calidad y que no haya recortes de personal".

Por su parte, fuentes de CSIF considera que los datos de la última Encuesta de Población Activa "ponen en evidencia que hoy más que nunca es necesario un plan urgente de ordenación de recursos humanos en el sector público para determinar las necesidades de personal para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos que reciben los ciudadanos".

CSIF vuelve a emplazar al Gobierno a impulsar un pacto de Estado en el que tengan cabida todas las Administraciones en esta materia, toda vez que "es preciso realizar un diagnóstico objetivo y planificado de los recursos humanos para determinar las necesidades de los diferentes servicios; realizar la convocatoria urgente de una oferta de empleo público; desarrollar un plan de consolidación empleo y de la temporalidad a todas los niveles y entre todos los agentes que tienen cabida en esta materia".

"Estamos asistiendo a un ERE encubierto de empleo público, en la actualidad, acceder al empleo público ya no es garantía de nada, y nos jugamos el futuro del Estado Social que hemos construido en democracia, con el esfuerzo de todos los españoles", destacan fuentes de CSIF.

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