La Plataforma Pro-Soterramiento de las Vías ha afirmado que la construcción de una estación provisional en Los Dolores "no supone una solución al problema sino que lo pospone 'sine die'".

Por ello, informa que no va a detener las movilizaciones vecinales que "han logrado el acuerdo firmado por los 29 concejales del Ayuntamiento de Murcia en defensa del soterramiento", e indica que éstas "continuarán en todos su frentes, incluido el judicial, hasta obtener de la Asamblea Regional un acuerdo en parecidos términos que conlleve el soterramiento".

Así, muestra su sorpresa por las declaraciones de presidente Ramón Luis Valcárcel tras su reunión con la ministra de Fomento, Ana Pastor, informa la plataforma, que no entiende que "se vayan hacer inversiones en estaciones nuevas, valoradas en cerca 30 millones de euros, habiendo otras posibilidades (Beniel), y que no haya dinero para comenzar el soterramiento, máxime cuando la propuesta realizada por la Comunidad al Ministerio no indica los plazos, ni fechas, ni presupuestos y no prevé ni libera cantidad de dinero ninguna para el soterramiento".

Por ello, resalta "el fracaso del Gobierno regional en su política ferroviaria, que intenta ser solucionada con la foto de la llegada de la LAV proveniente de Alicante que, además, de no ser el prometido AVE con Madrid, conlleva la renuncia al soterramiento de Murcia".

La solución negociada entre Valcárcel y la ministra supone, a juicio de la Plataforma, "una herencia envenenada para los sucesores de Valcárcel al renunciar a la inversión del Estado en los Soterramientos, aceptando de facto la política del Gobierno central (Plan PITVI) que contempla que las futuras obras recaerán sobre las endeudadas arcas regionales tanto de la Comunidad como de los Ayuntamientos, lo que dada la situación actual y futura es más que probable que el soterramiento, o bien se retrase 30 años más o bien no se realice jamás".

La Plataforma Pro-Soterramiento ha solicitado "pareceres jurídicos a diversos bufetes de abogados que consideran que la Comunidad y el Ayuntamiento tienen suficientes argumentos jurídicos para iniciar los trámites judiciales necesarios para obligar al cumplimiento del convenio y los PGOU".

En el caso que estas administraciones no lo realizaran, "en contra de lo firmado y deseado por los vecinos", la Plataforma Pro-Soterramiento está estudiando los pasos a seguir para llevar el caso a los tribunales correspondientes y "delimitar las posibles responsabilidades si las hubiere".

Esta Plataforma considera, además, que "la renuncia al soterramiento realizada por el Gobierno regional supone dejar escapar parte de la inversión proveniente de Europa, lo que manifiesta la nula gestión del Ejecutivo regional que parece haber supeditado los intereses particulares de su presidente al bienestar de los habitantes de Murcia".

La Plataforma lamenta "la falta de comunicación con el Gobierno regional que se ofreció, por medio de su consejero Sevilla, a darnos cuenta de todo lo relacionado con nuestra reclamación, así como la negativa del presidente en entrevistarse con nosotros".