La religiosa María Gómez Valbuena, conocida como Sor María, imputada en dos casos de supuestos niños robados, ha fallecido en Madrid, según han confirmado fuentes del convento de las Hijas de la Caridad de San Vicente Paúl.

Sor María, que estaba "muy enferma", según las mismas fuentes, alegó "motivos de salud" para no comparecer ante el juez el pasado 18 de enero como imputada tras la denuncia presentada por Purificación Betegón por la presunta desaparición de dos gemelas que alumbró en la Clínica de Santa Cristina en 1981.

Aunque la muerte ha trascendido este jueves, Sor María falleció el pasado martes y ya está enterrada, según aseguran fuentes de la asociación SOS Bebés Robados a 20minutos.es. "Sor María era sólo una pieza del puzle, pero buscaremos otra. Esa persona sola no podía dirigirlo todo", aseguran.

La religiosa declaró como imputada el pasado 12 de abril después de que María Luisa Torres le acusara de haberle arrebatado a su hija en 1982. La monja trabajaba como asistente social en ese hospital cuando, según la denunciante, ocurrieron los hechos.

"Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica, realizada bajo coacciones y amenazas", llegó a decir la religiosa en un comunicado.

El caso de los "niños robados" se hizo publico en 2008 al amparo de la Ley de Memoria Histórica, que permitía la investigación de los niños arrebatados a sus familias durante la Guerra Civil y el Franquismo, aunque se descubrió que estas prácticas se prolongaron en la democracia e incluso hay denuncias por casos ocurridos en la década de los noventa.

El pasado abril, María Luisa Torres ratificó su denuncia y explicó que sor María le quitó a su bebé por "adúltera", ya que el padre no era su marido, después de haber intentado engañarla diciéndole que la niña había fallecido en el parto. El 12 de abril, la religiosa se acogió a su derecho a no declarar, aunque en una carta abierta a los medios de comunicación rechazó las acusaciones y dijo que le "repugnaba" separar a un recién nacido de su madre.

En los meses de septiembre y octubre de 2012, el juez Carretero citó a declarar a veinticuatro testigos, en su mayoría médicos, además de requerir pruebas documentales, como las partidas de nacimiento y la escritura de adopción de la supuesta "niña robada" y la historia clínica de la madre biológica.

Varios médicos confirmaron en sus declaraciones que la religiosa era la única responsable de las adopciones y que tenía un poder omnímodo para entrar y salir en la zona de los nidos y las incubadoras. "Sor María" estaba imputada en este procedimiento por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público. Además, podría estar implicada en, al menos, otros tres casos que se están investigando en Madrid.

Otros de los casos es el de Purificación Betegón, que dio a luz a dos niñas mellizas el 23 de febrero de 1981 en la maternidad de Santa Cristina y el de una otra mujer que, en 1966, dio a luz a un varón en la Casa de la Maternidad y que ha identificado a Sor María en su declaración ante el juez.  Precisamente por la denuncia de Betegón, que investiga el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, la monja fue de nuevo imputada por la supuesta desaparición de las mellizas.

El Ministerio del Interior hará "todo lo que pueda y deba" en el caso de los niños robados y pondrá sus medios a disposición de esta causa "justa y humana", ha subrayado hoy el titular de este departamento, Jorge Fernández Díaz. Su fallecimiento acarreará el archivo provisional de las dos causas en las que ella figuraba como única imputada, mientras que la tercera se mantendrá abierta porque estaba imputada junto a una doctora, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Fernández Díaz ha dicho que la colaboración de su departamento es "fundamental" y se ha comprometido a que "todo lo que pueda y deba hacer el Ministerio se pondrá a disposición de esa causa justa y humana". Ha recordado que ya ha trasladado esta intención a las familias afectadas y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya que se trata de una actuación colegiada en la que su ministerio está comprometido.