La Consejería de Justicia e Interior ha lamentado que los colegios de abogados y su consejo andaluz no estén valorando el "gran esfuerzo económico" que está realizando la Administración autonómica por mantener y "garantizar" la asistencia jurídica gratuita en una difícil coyuntura como la actual y ha ratificado haber abonado todos los gastos de funcionamiento de este servicio correspondientes a 2012.

Así ha respondido la administración andaluza después de que el Colegio de Abogados de Granada haya aprobado la suspensión del Servicio de Orientación Jurídica dos días a la semana (jueves y viernes) como medida para adecuar este servicio administrativo, que prestan los trabajadores de la corporación, a los fondos "efectivamente abonados" por la Junta de Andalucía en concepto de gastos de funcionamiento por la prestación de la Asistencia Jurídica Gratuita.

En un comunicado, el Gobierno andaluz asegura que ha abonado recientemente 4,6 millones de euros a los consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores. En esta cantidad se incluye el 25 por ciento que restaba por pagar de los gastos de funcionamiento del año pasado al colegio granadino, por lo que no existe ninguna deuda ni cantidad pendiente por este concepto que incluye el servicio de orientación jurídica que los abogados pretende ahora reducir. Además, la Junta se ha comprometido a pagar a los letrados antes de que finalice abril la cantidad pendiente por el turno de oficio del año pasado.

La Consejería considera que no existe, por tanto, ningún motivo para reducir este servicio y muestra su sorpresa por que los abogados consideren que se les adeuda una cantidad que reclaman en función de un recurso que habrá de resolverse en un futuro.

El 31 de octubre del pasado año la Consejería notificó al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados la resolución por la que se les abonaba el 5 por ciento de los gastos de funcionamiento generados por la prestación del servicio de justicia gratuita, una decisión que se enmarca dentro del Plan de Ajuste Económico y Reequilibrio Financiero adoptado por Gobierno andaluz en mayo del pasado año y que incorporaba las medidas, decididas por el Estado y de obligado cumplimiento, para el recorte del gasto público y el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit.

El departamento que dirige Emilio de Llera ha puesto de relieve la interlocución permanente que se ha mantenido al respecto con el Consejo Andaluz, que ha estado puntualmente informado de toda la gestión y decisiones adoptadas por la Consejería, como el ajuste del 10 al 5 por ciento de los gastos de funcionamiento, todo ello con el único objetivo de garantizar el sostenimiento económico de este servicio fundamental para la ciudadanía en una situación con una gran limitación de recursos para todos los servicios y administraciones.

En este sentido y en lugar del recurso interpuesto, la Consejería ha apelado a la "corresponsabilidad" de los colegios de abogados para aunar esfuerzos en la gestión de estos servicios que le son encomendados en estos momentos de crisis.

Igualmente, ha lamentado el "escaso valor" que el Consejo Andaluz de Abogados y sus colegios otorgan al gran esfuerzo que viene realizando la Consejería para afrontar todos los pagos pendientes y al compromiso adquirido recientemente por el consejero, en virtud del cual el Gobierno andaluz ha garantizado el abono de más de 21 millones de euros de todo el turno de oficio pendiente de 2012 antes de finales de abril.