El exalcalde de Librilla, José Martínez García, imputado en un presunto caso de corrupción urbanística en este municipio descubierto en 2008, en el marco de la 'Operación Biblioteca', deberá declarar de nuevo este miércoles, 23 de enero.

La declaración, a puerta cerrada, tendrá lugar, a las 17.00 horas, en el juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que investiga los hechos, ubicado en la Ciudad de la Justicia, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La 'Operación Biblioteca' condujo en 2008 a la detención del que fuera el alcalde de esta localidad, José Martínez García, del Partido Popular, que fue dado de baja como afiliado tras su arresto, así como a su teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez.

Asimismo, el juzgado de Instrucción número 6 de Murcia ordenó aquel año el ingreso en prisión provisional del consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, José Andrés Cortés, y el responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde el año 2007, José Luis Cano, que falleció posteriormente en un accidente de tráfico.

El juez titular Andrés Carrillo dictó además libertad con cargos y sin fianza para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) urbana de Librilla.

En total fueron diez los arrestos que la UCO practicó. Las detenciones se enmarcaron en las investigaciones que estaba realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que abrió un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

En la primera fase de la operación, se detuvo al responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde 2007, José Luis Cano; el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B., mujer de Cano; y Francisca G., esposa de Cortés.

Mientras, en una segunda fase, se arrestó al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; y un asesor del Ayuntamiento, el abogado Cesáreo Gil de Pareja.