En la actualidad, también avanza, en Valencia, en la expropiación de la antigua fábrica de Plexi en El Saler, y en Alicante, la de un tramo de costa junto a Cabo de Huertas, según el Ministerio, aunque no se cerrará este año.
El objetivo es que pasen a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, a través de decomisos o compras para que no pueda urbanizarse, y así se proteja el medio natural de las costas.
Medio Ambiente pagará alrededor de cinco euros por metro cuadrado. Las otras compras previstas para este año son en Galicia (cinco), en Cádiz y en Las Palmas. En total, protegerán 1.547.756 metros cuadrados de terreno para ensanchar la franja del dominio público marítimo-terrestre. Además, ayer firmó con el Ministerio de Defensa la cesión de antiguas baterías de costa en Cartagena, también para evitar que se especule con ellas.
Unas 2.000 hectáreas de suelo
El Gobierno ha iniciado la expropiación de 42 fincas para que no se edifique en ellas, de un total de 167 que tiene en un inventario el Ministerio de Medio Ambiente, y que están ubicadas a lo largo de la costa española. En total, son 20 millones de metros cuadrados.
En todas ellas quedará prohibida la construcción. Algunas están en primera línea de playa.
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