Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, PSOE e IU, presentarán sendas mociones para reclamar al equipo de gobierno del Partido Popular que apoye una serie de medidas con el objetivo común de ayudar a los ciudadanos a hacer frente a la subida de las tarifas de electricidad.

En el caso de Izquierda Unida presentará la moción este lunes en la Comisión de Pleno de Derechos Sociales y en ella demandará la creación de ayudas extraordinarias para sufragar servicios básicos tras la subida de la luz.

Así, la viceportavoz municipal de IU, Antonia Morillas, propondrá, según ha señalado a Europa Press, instar al Gobierno central a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los cortes por impagos de servicios necesarios como la luz a las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria.

También planteará al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga que establezca una tipología de ayuda extraordinaria para sufragar servicios básicos para la vida, como la luz o el agua, a estas personas, previo informe de los servicios sociales, así como que cree una mesa técnica que revise y actualice los tipos de prestaciones que se dan actualmente.

Por su parte, el PSOE mostrará en la Comisión de Pleno de Economía, Promoción Empresarial y del Empleo su rechazo a la subida de las tarifas eléctricas y pedirá que se reclame al Gobierno de la Nación que revise los conceptos del denominado 'bono social', un mecanismo creado para proteger a los colectivos más vulnerables.

Asimismo, en la moción los socialistas demandarán al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que defina "unos peajes eléctricos que no supongan una subida encubierta e ilegal que grave aún más las economías familiares", así como que siga las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de la propia Unión Europea en la definición del nuevo sistema de tarifas eléctricas, abriéndola a las entidades que representan a consumidores y usuarios, según ha informado la portavoz del PSOE, María Gámez.

La viceportavoz municipal de IU ha recordado que el recibo de la luz*registró el pasado 1 de enero una subida anual del 8,3 por ciento para el usuario medio, lo que representa 6,48 euros mensualmente y 77,76 euros al año, según un estudio de la asociación de consumidores Facua. Este incremento "viene a complicar más la situación vital de miles de familias que tienen verdaderos problemas para poder asumir el coste de los servicios básicos", ha advertido.

Y es que, como ha precisado, la memoria presentada por Cáritas Diocesana recoge que una de cada cuatro familias, de las 25.000 atendidas durante 2011, solicitó ayuda precisamente para poder pagar los suministros básicos de luz y agua.

Morillas ha indicado también, haciendo referencia a los datos de la CNE, que las desconexiones por impagos de la luz eléctrica fueron de 600.000 durante 2006 y desde el inicio de la crisis esa cifra comenzó a subir hasta situarse en 2009 en 1,3 millones al año, de las que unas 200.000 familias no volvieron a abonar el servicio de reenganche.

PSOE

Gámez ha afirmado, asimismo, que, pese a que esa subida del recibo de la luz aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy se sitúe en el tres por ciento, "para muchos usuarios la factura crecerá mucho más", ya que "el nuevo modelo de facturación que ha diseñado Industria para penalizar el consumo excesivo incrementará el recibo entre un tres y un siete por ciento adicional".

Por su parte, según ha trasladado a Europa Press la edil socialista, la Comisión Nacional de la Energía "es contraria al proyecto del nuevo sistema de peajes del sistema eléctrico", en tanto que "su aplicación aumenta la complejidad de la facturación de los consumidores afectados, es de difícil ejecución de forma inmediata y elevará la factura eléctrica a 7,9 millones de clientes con datos de 2011".

Este organismo ha criticado, de igual modo, que el procedimiento de urgencia utilizado en la tramitación de la propuesta de recargo "no se corresponda con el impacto que puede derivarse para el consumidor doméstico". "No ha habido tiempo suficiente para analizar los efectos de dicha propuesta y se hace necesario un análisis previo, especialmente con las oficinas de consumo de las comunidades autónomas y con los representantes de los consumidores", ha expuesto.