La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), ha insistido este viernes en que los activos inmobiliarios del 'banco malo' se traspasen a las comunidades autónomas, de manera que sean las administraciones públicas las que los gestionen. En este punto, ha abogado por la voluntad política, ya que "con ella se pueden cambiar las cosas".

"Queremos saber dónde están, cuáles son y gestionarlos para ponerlos a disposición de las familias en procesos de desahucios", ha manifestado Cortés, añadiendo que "los pisos deben estar al servicio de la gente".

Según la consejera, quien ha asistido este viernes en Málaga a la firma de los convenios de adhesión de una veintena de ayuntamientos de la provincia al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, esto sería posible porque "con voluntad política se pueden cambiar las cosas".

"En lugar de volver a vender esas casas en un plazo de 15 años —ha expuesto—, se deberían de poner a disposición de las comunidades autónomas", de modo que "se asegure el derecho a la vivienda de los ciudadanos". Ha apostado por "aprender las lecciones de la crisis", algo a lo que, de todos modos, "los políticos estamos absolutamente obligados".

"Izquierda Unida tiene claro desde el minuto uno que la prioridad era poner la política, las competencias, el esfuerzo, los recursos y la inteligencia para paralizar esa cuestión", ha declarado Cortés, reconociendo que, "evidentemente, se tenía que haber actuado antes para cambiar la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil y haber paralizado así este drama y esta injusticia social".

Pese a todo ello, la titular andaluza de Fomento y Vivienda se ha mostrado satisfecha con la labor que desarrolla Izquierda Unida en este sentido en el Ejecutivo andaluz y es que, como ha dicho, "se pueden cambiar las cosas y la política puede y debe responder a las necesidades de la población".

En esa línea para conseguir la paralización de los desahucios, algo que "es de justicia social", Cortés ha animado de nuevo a la ciudadanía a que apoye la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la modificación de las leyes Hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil. De hecho, confía en que "sean cientos de miles de ciudadanos los que pidamos al Gobierno que cambie esta injusta situación que afecta al pueblo trabajador".

El objetivo principal ha de ser "la paralización de todos los desahucios" y, para ello, como ha reiterado, el cambio de la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento Civil, que "defienden a los poderosos y condenan a los ciudadanos" y que, por tanto, "están provocando esta situación absolutamente dramática para cientos de miles de españoles y de andaluces".

Desahucios en andalucía

De hecho, ha hecho hincapié en que desde 2007 a 2011 hubo en Andalucía casi 70.000 desahucios, a los que se suman los 7.500 correspondientes al primer semestre de 2012. Precisamente, de esos lanzamientos de enero a junio del año pasado, 2.055 se localizaron en la provincia de Málaga, una cifra que supone un incremento del 14 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Cortés, quien ya firmó en junio del pasado año la ILP, ha defendido que "la vivienda es un derecho y no un negocio ni una mercancía" y ha advertido de "las supuestas medidas adoptadas por el Gobierno para paralizar los desahucios", ya que "es algo que no está ocurriendo". "Los ciudadanos no deben sentir miedo ni vergüenza, sino los gobiernos que no cambian una situación absolutamente injusta", ha manifestado.

"El Gobierno de Andalucía no puede cambiar leyes que competen al Ejecutivo central", ha reconocido, pero, como ha subrayado, "sí puede exprimir todas las competencias para romper con la neutralidad, que hasta ahora había sido la tónica general, para que los ciudadanos encuentren un aliado en la Administración autonómica". Así, ha recordado la puesta en marcha el pasado 8 de octubre de ocho oficinas de intermediación contra los desahucios en cada capital de provincia.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha demostrado, según Cortés, que "se pueden cambiar las cosas si hay voluntad política" y ha abogado por la colaboración entre su departamento y los ayuntamientos andaluces, ya que "sí se puede parar esta lacra social".