La Asamblea General de la ONU aprobó por una mayoría abrumadora una resolución, promovida por Cuba, de condena al embargo económico, comercial y financiero impuesto por EEUU contra la isla hace casi cinco décadas.

La resolución, que fue presentada por el propio ministro de Relaciones Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, recibió 183 votos a favor, cuatro en contra (EEUU, Israel, Islas Marshall y Palau) y una abstención (Micronesia).

Es la decimoquinta vez que la ONU aprueba una resolución de condena del embargo económico y comercial declarado por Washington poco tiempo después del triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro en 1959.

Remarcó que el embargo impide a Cuba comerciar con EEUU y recibir turismo de este país, así como prohíbe a la isla utilizar el dólar en sus transacciones externas y recibir créditos o realizar operaciones con bancos estadounidenses o sus filiales en otros países.

"Pero más grave que todo -puntualizó- el bloqueo de EEUU impone sus criminales disposiciones a las relaciones de Cuba con los demás países que integran la Asamblea General".

Pérez Roque denunció ante el plenario de la Asamblea las maniobras de EEUU para impedir la adopción de la resolución, al presionar a Australia para que presentara una enmienda al documento, en el que se pedía el fin del embargo y a la vez reformas en materia de derechos humanos a Cuba.

El ministro cubano acusó a Australia de ser cómplice en el Pacífico del imperialismo estadounidense, en lo que llamó "imperialismo de bolsillo", siempre listo para seguir a sus mentores de Washington.

La moción, presentada por el embajador australiano, Robert Hill, finalmente no prosperó, ya que la mayoría de países votaron en contra, tras considerar que la enmienda era una "distracción" y que las cuestiones sobre derechos humanos deben abordarse en otras instancias del organismo.

La resolución en cambio obtuvo el mayor número de votos que ha logrado hasta el momento. El documento recoge las denuncias expresadas por La Habana y que han sido reflejadas en un informe elaborado por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, bajo el título:

En este sentido, se expresa la preocupación por las nuevas leyes y medidas promulgadas en los últimos años por el Gobierno de Washington para reforzar y ampliar el embargo comercial y financiero, con las consecuentes repercusiones en la población civil cubana.

Del mismo modo, se denuncia que estas medidas impuestas por EEUU tienen "efectos extraterritoriales" y afectan a la soberanía de otros Estados, los intereses legítimos de entidades y personas bajo su jurisdicción, así como la libertad de comercio y navegación.

Por ello, se exhorta a todos los Estados miembros de la ONU a que se abstengan a promulgar y aplicar este tipo de leyes y medidas, que son contrarias a la Carta de la ONU y a las provisiones del derecho internacional.