El Gobierno se pone sentimental con sus medidas antidesahucios: "Nos puede pasar a cualquiera"

  • Se firma el convenio para la puesta en marcha del fondo social de vivienda.
  • El fondo contará inicialmente con 5.891 viviendas aportadas por las entidades financieras de entre los inmuebles que no han cedido a la Sareb.
  • Es "una segunda oportunidad", dice Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho este jueves, en la firma del convenio para la puesta en marcha del fondo social de vivienda, que las personas afectadas por un desalojo tienen derecho a "una segunda oportunidad" para salir adelante y pagar por una vivienda un "precio razonable". Un desahucio "nos puede pasar a cualquiera", dijo Sáenz de Santamaría.

Durante su intervención en el acto de firma, Sáenz de Santamaría ha destacado que iniciativas como el fondo de viviendas de alquiler para personas desalojadas es "un momento importante" de la acción política de un Gobierno que tiene "efecto inmediato" en la situación de crisis en que vivimos.

"Podemos discutir si las medidas legales que adoptamos son suficientes, pero sobre todo con este convenio nos ponemos en la piel de toda esa gente que confió en su futuro que invirtió en sacar adelante su familia y que no le fue bien", ha dicho.

Por último, la vicepresidenta indicó que las casi 6.000 viviendas con que arranca el fondo social no suponen un "esfuerzo excesivo" para las entidades financieras y muestra la solidaridad de un país "que quiere que las familias y los más pequeños se críen en un hogar".

Nos ponemos en la piel de toda la gente que confió en su futuro Los ministerios de Economía, Fomento, Sanidad, y representantes de la FEMP, las entidades financieras y las ONG han estado presentes en la firma del convenio que regulará el funcionamiento del fondo social de vivienda destinado a alquileres sociales para personas que han sufrido un desalojo.

El fondo contará inicialmente con 5.891 viviendas aportadas por las entidades financieras de entre los inmuebles que no han cedido a la Sareb, la sociedad que agrupa los activos tóxicos del sector inmobiliario en poder de la banca. Los alquileres tendrán una duración inicial de dos años y su precio oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un límite máximo del 30% de la renta de la unidad familiar.

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