La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la libertad bajo fianza para Pinochet, que quedó detenido el lunes de la semana pasada en su casa como autor de torturas y otros crímenes en Villa Grimaldi, en los primeros años que siguieron al golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
El tribunal otorgó el beneficio previo pago de 500.000 pesos, equivalente a poco menos de 800 euros.
El juez Alejandro Solís procesó a Pinochet por 36 secuestros calificados, un homicidio y 23 casos de tortura, en la primera vez que el ex dictador chileno es encausado por tormentos contra opositores durante su gobierno entre 1973 y 1990.
La defensa esgrimió razones de salud y edad para conceder la libertad a Pinochet, de 90 años, además de rechazar los cargos que vinculan al militar con la represión en Villa Grimaldi, que fue remodelada y ahora es un 'parque por la paz'.
Unas horas antes, el pleno de la Corte de Apelaciones desaforó a Pinochet para que sea investigado por su responsabilidad en el secuestro y desaparición del sacerdote Llidó.
El sacerdote, que perteneció a un grupo de opositores formado por laicos y religiosos a principios de la década de 1970, fue detenido en septiembre de 1974 por agentes de la policía secreta de la dictadura, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
'Esta defensa entiende haber demostrado al pleno de la Corte que no existe en el proceso ni un solo antecedente, el más mínimo, que vincule al general Pinochet con la suerte de Antonio Llidó', dijo el abogado defensor del militar, Fernando Rabat.
Llidó sufrió torturas e interrogatorios por parte de la DINA, según testigos. El rastro del sacerdote se perdió a finales de octubre de 1974.
'Hacer la afirmación de que no hay ningún antecedente es bastante temerario, porque efectivamente existen antecedentes en el proceso y testimonios directos (...) de que existió un conocimiento acabado de la situación de Antonio Llidó en esa época', dijo Héctor Salazar, abogado que representa a la familia de Llidó.
Tras los alegatos de los abogados, en la mañana del miércoles, el pleno de la Corte de Apelaciones se reunió para votar de inmediato y se inclinó para que el juez Jorge Zepeda pueda investigar su responsabilidad por 13 sufragios a favor y ocho en contra.
En cada caso en que se desea investigar a Pinochet, la justicia debe antes despojarlo de su fuero como ex gobernante.
Bajo la dictadura de Pinochet unas 3.000 personas fueron 'desaparecidas' o murieron, mientras que otras 28.000 sufrieron torturas, incluida la actual presidenta, Michelle Bachelet. *.
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