La Fiscalía Anticorrupción pide once años de cárcel para la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez —actual alcaldesa de Novelda (Alicante)— por las contrataciones de la Generalitat para el pabellón valenciano de Fitur con la trama Gürtel, mientras pide el archivo de la causa contra el exvicepresidente Vicente Rambla.

En su escrito de conclusiones, presentado ante el magistrado instructor en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la Fiscalía pide otros once años de prisión para el exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret —condenado ya en el conocido como 'caso de los trajes'—, y la inhabilitación de nueve años para el ejercicio de cargo público para Martínez y Betoret.

Según la Fiscalía, Martínez sería autora de un delito continuado de prevaricación administrativa y de otro de cohecho, mientras que Betoret, además de prevaricación, habría cometido también un delito de falsedad de documento oficial y sería cooperador de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

La Fiscalía también plantea la inhabilitación durante nueve años para la también exconsellera de Turismo Angélica Such y pide catorce años de prisión para la coordinadora de la ferias de la Agencia Valenciana de Turismo Ana Grau y once para el exjefe del área de Mercados de la Agencia de Turismo Isaac Vidal. A Such le atribuye un delito continuado de prevaricación administrativa, mientras que al resto los considera autores de un delito de falsedad en documento oficial y cooperadores o cómplices de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Asimismo, pide siete años de prisión para el jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo Jorge Guarro y su inhabilitación durante ocho años por considerarlo cómplice de prevaricación y de malversación.

Para los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, la Fiscalía solicita diez años y once años y medio de prisión, respectivamente, mientras que para el responsable de la empresa de la trama Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez 'El Bigotes', pide diez años. A todos les imputa los delitos de cohecho y de tráfico de influencias para la comisión de un delito de prevaricación y los considera cooperadores de un delito continuado de malversación, aunque a Crespo le atribuye también la cooperación en un delito de falsificación de documento oficial. El fiscal también reclama entre cuatro y seis años prisión para otros responsables de empresas de la trama Gürtel, como Felisa Isabel Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero.