La secretaria de Sanidad del PSOE de Castilla y León, Mercedes Martín, ha aseverado este martes que el "objetivo" del Partido Popular es extender a la Comunidad la política para la privatización de la Sanidad de la que, a su juicio, son "abanderados" los presidentes de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; y Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

La representante del PSOE de la Comunidad ha explicado, junto a la secretaria de Políticas Sociales, Marta Olmedo; y el portavoz de Familia e Igualdad de Oportunidades del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Félix Alonso, las dos iniciativas parlamentarias que este mismo martes han presentado en las Cortes de Castilla y León para defender la Sanidad pública y la asistencia a las personas dependientes.

Martín, que se ha centrado en la materia sanitaria ha recalcado que el Partido Popular ha convertido la Sanidad pública en un "mercadeo" con el objetivo de crear un negocio mediante "la venta del servicio público al mejor postor" en una política "de la derecha pura y dura".

De hecho, ha advertido de que el "objetivo" del PP es extender la política a Castilla y León, pese a que considera que los políticos "van de buenas, se ponen de perfil, parecen más comprensivos, pero se hace lo mismo" que en Madrid o en Castilla-La Mancha, donde a su juicio la actitud de los políticos 'populares' consiste en "negar la mayor mientras atropellan a los ciudadanos".

En este sentido, ha recalcado que siente "indignación" al escuchar a los presidentes de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; y Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, negando esa privatización y asegurando que defienden la Sanidad pública.

Por ello, los socialistas llevan al Parlamento regional una Proposición no de Ley para que la Junta de Castilla y León ejerza sus responsabilidades con el fin de asegurar una atención sanitaria pública "de calidad, universal, accesible, gratuita y en igualdad de condiciones".

En el texto, como ha detallado Marta Olmedo se requiere al Gobierno la eliminación del "copago" farmacéutico para los 600.000 pensionistas de Castilla y León que, como ha añadido Martín se encuentran "penalizados" por el pago de los tratamientos médicos. Además, la secretaria de Sanidad ha lamentado que el consejero, Antonio María Sáez Aguado, sigue "sin devolver un euro a la mayoría de los pensionistas".

En definitiva, Mercedes Martín ha añadido que, ya que el PP "desprecia a los más vulnerables" considera que "la mejor defensa va a ser el apoyo de los ciudadanos" a las propuestas del PSOE a través de la recogida de firmas que se lleva a cabo desde hace unas semanas.

Recogida de firmas

A este respecto, Marta Olmedo ha apuntado que se trata de recabar el mayor apoyo posible mediante la difusión de la campaña de recogida de firmas y en contacto con el tejido social de Castilla y León para finalmente poder respaldar el discurso en las Cortes y hacérselas llegar al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

Paralelamente, se ha presentado este martes una proposición de Ley dirigida a garantizar el mantenimiento del sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y León, que a juicio del procurador Jorge Félix Alonso se encuentra en riesgo por los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy.

Alonso ha explicado que la principal reivindicación de esta propuesta es establecer la pensión mínima contributiva como referencia para la asignación de las prestaciones a personas dependientes, con una serie de baremos en función del grado de reconocimiento. De este modo, se asegura que una persona con el nivel de 'gran dependiente' no percibiría menos de 442 euros, mientras que un 'moderado' tendría como base 152.

Asimismo, se establece un artículo para que los recortes introducidos por el Real Decreto del 13 de julio de 2012 no se apliquen a las personas que ya tenían reconocido el derecho a la prestación antes de esa fecha. Además, se reclama que se valore, no sólo la capacidad funcional de la persona beneficiaria, sino también su situación social.

Por otra parte, se busca "garantizar" la prestación económica para los cuidados en el entorno familiar, así como la vinculada a un servicio de atención residencial o centro de día; así como para las personas con discapacidad que no tienen reconocida la situación de dependencia.

Otros de los puntos del texto que llevará el PSOE a las Cortes regionales introducen un sistema de atención a las personas dependientes con situaciones que los servicios sociales consideren como urgentes.