El coordinador del Gabinete Parlamentario del PSOE malagueño, Enrique Benítez, ha anunciado este martes junto a la también parlamentaria andaluza, Marisa Bustinduy, que la formación socialista presentará en el parlamento regional dos iniciativas instando al Gobierno de Mariano Rajoy a que pague los más de 300 millones de euros que corresponden a Andalucía que se ha perdonado a la banca tras desobedecer "de hecho" la sentencia del Tribunal Constitucional que daba la razón a la creación de un impuesto regional que gravase los depósitos bancarios.

"El PP en el Gobierno de la nación ha anulado el impuesto por el que se fiscalizaba los depósitos bancarios en nuestra región que ha supuesto un perjuicio de más de 300 millones de euros por una decisión de política interna de su partido, ya que su presidente regional en Extremadura, José Antonio Monago, dijo que iba a pagar la extra de los funcionarios con cargo a dicho impuesto", ha criticado.

Así, Benítez se ha referido a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 2013 por la que se crea una figura tributaria idéntica pero con un interés del cero por ciento para los depósitos bancarios en todo el territorio nacional, con lo que las entidades bancarias quedan eximidas de pagar por este mismo concepto en la administración regional, que ya funcionaba en Extremadura desde 2001, en Andalucía desde 2011 y en Canarias iba a empezar a aplicarse en este año.

El también miembro de la Comisión de Hacienda en el Parlamento regional ha acusado al PP de practicar la "injerencia política en la autonomía tributaria de Andalucía mientras nos exigen inversiones", al tiempo que ha recordado que con la creación de este impuesto a la banca, se fomentaba que las entidades financieras colaboraran con proyectos tan importantes como el sector del olivar o la implantación de empresas en la red de Parques Tecnológicos de Andalucía"

"Con esta medida, el PP ha perdonado 600 millones de euros a la banca en todo el país, de los que más de 300 millones que corresponden a Andalucía, 240 millones de los derechos reconocidos por la sentencia del Tribunal Constitucional para el periodo 2010-2012 y otros 90 millones que estaban previstos de recaudar en los presupuestos regionales de 2013", ha afirmado, al tiempo que ha concluido diciendo que "ahora los ciudadanos tendrán que pagar de su propio bolsillo el impuesto que el PP ha anulado porque el Estado está obligado a compensar a las Comunidades Autónomas por dichas actuaciones si suponen un perjuicio económico".

"apretar a los ciudadanos"

Por su parte, la parlamentaria andaluza Marisa Bustinduy ha acusado al Gobierno de Rajoy de "apretar a los ciudadanos" mientras libera a la banca de sus responsabilidades a través de un impuesto con el que podría colaborar. Así, ha recordado que la ley aprobada por el gobierno de José Antonio Griñán planteaba una fiscalidad del 0,3 por ciento para aquellas entidades que operan en Andalucía con depósitos de hasta 150 millones de euros, del 0,4 por ciento para las que lo hacen de 150 a 600 millones, y del 0,5 por ciento para las que superaban ese importe, al tiempo que ofrecía deducciones si se invertía en iniciativas como 'Andalucía Sostenible' o la obra social.

Sin embargo, Bustinduy ha recordado que las entidades financieras se han negado a pagar dicho tributo a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional que daba la razón a las Comunidades Autónomas, por lo que ha acusado al ministro de Economía, Cirstóbal Montoro, de "impedir que la Junta de Andalucía haga que los bancos colaboren con la reducción del déficit al eximirles de un pago por haber creado una ley tributaria idéntica de rango superior pero al cero por ciento".

Para la parlamentaria andaluza, "el Gobierno central impide a Andalucía que recaude sus propios impuestos por dicho tributo y que la banca colabore con el mismo esfuerzo que están haciendo los ciudadanos para salir de la crisis", ha concluido.