Elena Masera lleva más de siete años sin dormir esperando a que se haga justicia por la muerte de su hija Chantal, que ingresó en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva el 24 de diciembre de 2005 aquejada de una apendicitis y falleció tres días después a causa de una mortal infección. El  juicio contra cuatro médicos del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, imputados por presunta negligencia médica, iba a comenzar el 22 de enero, pero ha sido pospuesto y la madre de Chantal ha anunciado que iniciará una huelga de hambre para conseguir una fecha de juicio "lo antes posible".

"Llevo casi ya más tiempo investigando lo que ocurrió que los años que disfruté de mi niña", dice Masera cansada de sentirse "vacilada" por la justicia por este aplazamiento de un juicio que consiguió precisamente gracias a una primera huelga de hambre.

Elena Masera explica que el 24 de diciembre de 2005 su hija Chantal, de ocho años, comenzó a sentir fuertes dolores de tripa. "Pensé, antes de que empiece la cena de Nochebuena y los regalitos, voy a llevarla a que la miren al hospital". Entró en el Juan Ramón Jiménez y enseguida los médicos dijeron que era apendicitis y tenía que ser operada.

Según su propio relato, los médicos le explicaron a la salida de quirófano que la operación fue sencilla, que el apéndice estaba muy superficial y así la niña subió a planta. Sin embargo, algo no iba bien. En el posoperatorio las fiebres no remitían, vomitaba "posos de café" -algo habitual en la sangre infectada- y tenía fuertes retortijones. "Estuvo tres días agonizando", cuenta Masera, que en ese tiempo se quejó reiteradamente a las enfermeras y los médicos, que le dijeron todo el tiempo que lo que tenía Chantal eran "gases".

El 27 de diciembre, tres días después de la operación, Chantal amaneció con las piernas amoratadas y casi sin fuerza le decía a su madre "Mami, que me escurro". Las enfermeras le dijeron que era un "mareo", pero entonces llegaron varios médicos que a la carrera trasladaron a la niña a la UCI para, según dijeron a su madre, prepararla para una intervención por una peritonitis. No llegó al quirófano, "un vómito de pus le produjo entonces una parada cardiaca de la que no pudo salir", recuerda la madre. Murió en la sala de la UCI.

Masera presentó una denuncia contra cuatro médicos, uno de ellos ya fallecido, por "homicidio imprudente". Al no tener fecha de juicio, cuando se cumplieron seis años del fallecimiento de Chantal, ella se puso en huelga de hambre. Ese mismo día el decano de los jueces de Huelva, José Manuel Borrero, se comprometió a poner fecha a su juicio. Sería el 22 de enero de 2013. Hace solo una semana, al ver que su abogado no tenía notificación de la vista, Masera llamó a los juzgados de Huelva y le informaron de que su juicio estaba "supendido" sin fecha debido al traslado de la jueza que lo llevaba.

"Me dijeron que hay que esperar a que la nueva jueza se estudie mi caso. Llevo siete años sin dormir, que la jueza se tire una semana sin dormir y lo estudie y haya juicio ya", pide Masera. Con esta nueva huelga que anuncia, confía en que su reivindicación tenga efecto y se fije una nueva fecha para el juicio debido a que esta situación, unida al dolor por la pérdida de su hija, le genera "mucha desesperación".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en efecto, confirmaba que la juez del citado juzgado ha dictado una providencia en la que ha indicado el aplazamiento del juicio en la fecha inicial prevista, sin dar a conocer una nueva cita para el mismo.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputa a tres profesionales sanitarios —en un principio eran cuatro pero uno de ellos ya ha fallecido— un delito de homicidio por imprudencia profesional, por el que pide cuatro años de prisión para cada uno, la inhabilitación especial para ejercer su profesión durante seis años y una indemnización de 200.000 euros para los padres de la menor fallecida, con responsabilidad civil de la compañía aseguradora y del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La acusación particular, que ejerce la Asociación Nacional de Negligencias Médicas, pide para los imputados un total de cuatro años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia profesional, así como al pago de una indemnización de 200.000 euros a los padres de la pequeña por los perjuicios irrogados, debiendo declararse la Responsabilidad Civil Subsidiaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y su entidad aseguradora con carácter solidario. A su vez, pide la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión por un periodo de seis años y las costas del juicio, incluidas en estas las de la acusación particular.