La decisión también concierne a los ex parlamentarios vascos Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, según el Parlamento vasco.
La Cámara de Vitoria emitió un comunicado en el que expresó 'su perplejidad y malestar por el atípico procedimiento mediante el que se ha conocido el resultado de esta deliberación judicial' y afirmó que sus servicios jurídicos aún no tienen conocimiento oficial de este fallo.
'La filtración de sus conclusiones, además de suponer una completa falta de respeto hacia esta institución y las personas afectadas, debería ser objeto de inmediata actuación disciplinaria por parte del órgano de gobierno de los jueces', agregó el comunicado.
En noviembre de 2005, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió por unanimidad decretar la libre absolución de Atutxa, Knörr y Bilbao del delito de desobediencia por no disolver a Sozialista Abertzaleak tras la ilegalización de Batasuna alegando falta de jurisdicción para el enjuiciamiento de su conducta.
Los magistrados entonces dictaminaron que los comportamientos de los tres parlamentarios en el ejercicio de sus funciones se amparaban en la inviolabilidad parlamentaria, como argumentó la defensa de los acusados durante todo el proceso.
'Se han pasado de la raya y la ciudadanía en Euskadi está harta de todo lo que está sucediendo. Detrás de todos estos juicios políticos está una parte de la judicatura española la cual se aprovecha de los cambios legislativos, especialmente de la Ley de Partidos que impulsaron el PP y el PSOE', dijo el martes la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, en declaraciones a los periodistas.
El caso contra los tres miembros del Parlamento de Euskadi se inició en junio de 2003 cuando la Fiscalía General del Estado presentó una querella ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por un presunto delito de desobediencia. En diciembre de ese año, la juez instructora, Nekane Bolado, decidió el archivo del caso.
El nuevo Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, decidió no recurrir, pero sí lo hizo el sindicato Manos Limpias. El alto tribunal aceptó la querella y se celebró el juicio.
/Por Raquel Castillo/
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