La Asociación de Inspectores de Educación (Adide) de Andalucía han anunciado que estudia la interposición de un recurso jurídico contra el Plan Plurianual de Evaluación del Sistema Educativo Andaluz 2012-2016, al considerar que el mismo abre "caminos muy extraños" mediante los cuales se "invaden competencias" y se "externalizan" labores propias de estos funcionarios.

Así lo ha confirmado a Europa Press el presidente de Adide Andalucía, Ángel Ruiz Fajardo, que ha subrayado no parecerle "razonable" que una serie de funciones asignadas por ley orgánica a la inspección "se vean invadidas por una orden que asigna a un ente administrativo, como es la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, parte de esas funciones, o tareas claramente inscritas dentro de éstas".

Mientras el sistema actual permite que un funcionario, "teóricamente libre porque su puesto no depende de nadie que lo nombre", pueda emitir juicios, lo propuesto por la Junta supondría que éstos los llevaran a cabo "personas formadas deprisa y corriendo, y a lo peor con nocturnidad y alevosía", puesto que probablemente, opina, se contrataría a profesionales del ámbito educativo "que, en el momento en que realicen un informe que no sea del gusto del sujeto que les paga, éste podría ser el último que hicieran".

Ello, según Ruiz Fajardo, implica una duplicidad de funciones y de gastos, así como también la posibilidad de crear "agravios comparativos" si se hacen públicos aquellos centros y docentes acogidos a la Guía de Buenas Prácticas anunciada por la Consejería, algo que se contrapondría con el rechazo de la Junta a la política de 'rankings' que establece la reforma educativa promovida por el Gobierno central.

Además, el presidente de Adide Andalucía —que mantendrá una reunión con la consejera del ramo, Mar Moreno, el próximo 16 de enero— ha añadido a todo ello que el hecho de que el plan ya haya salido publicado oficialmente, sin dar posibilidad al sector de inspección, como interesados, de formular alegaciones, supone "legislar por mandato, algo propio de regímenes de ninguna calidad democrática", además de cerrar la vía administrativa. Por ello, si los asesores jurídicos de la asociación ven viable seguir por la vía judicial, ésta se llevará a cabo, ha finalizado.