Afectados por las preferentes de Novagalicia Banco en Vigo y Val Miñor han acudido este miércoles a los juzgados de la ciudad olívica, donde han presentado más de 150 denuncias individuales por estafa ante Fiscalía y otras tantas al juzgado de guardia.

En las denuncias, los afectados mantienen que los responsables de la salida al mercado de las distintas emisiones de participaciones preferentes y deuda subordinada "eran totalmente conscientes de a quién se les estaban colocando los productos", pues en los consejos de administración de la entidad se trataban "todos los asuntos relacionados con datos y cifras" y "en sus comunicados internos se ordenaba al personal de la entidad colocar a minoristas, pequeños ahorradores, en cantidades pequeñas", sostienen.

A juicio de los denunciantes, esto demuestra el "dolo" ya que, "sabedores de lo que vendían, no respetaban los acuerdos previos de las emisiones firmadas". Asimismo, afirman que existen evidencias de "encubrimiento de los riesgos" que suponen estos productos.

Entre otras cuestiones, en la afirman que no les fue mostrado el folleto informativo para la comercialización, como ordena la CNMV, y que les fue vendido un producto "bajo el engaño de que es como un plazo fijo, con más interés, garantizado" y que se podía retirar "entre dos y 15 días tras previo aviso de dos días".

Por todo ello, consideran que este conjunto de evidencias "pudieran ser constitutivas de delito de estafa", lo cual "lleva consigo, en caso de demostrarse, una acción civil de resarcimiento económico".

Así, los afectados solicitan a la Fiscalía que revise "todos y cada uno de los expedientes entregados" por los afectados que han solicitado someterse al arbitraje, mediación y denuncia ante el Instituto Galego de Consumo —estiman que hay unos 37.200 expedientes— a fin de "investigar cada posible falta o delito cometidos".

Juicio rápido

Además, piden que todas las denuncias relacionadas con estos productos "sean consideradas y tratadas como juicios rápidos, con un plazo de resolución no superior a tres meses". También demandan que, "al estar relacionados entre sí, pudiendo considerarse una supuesta estafa colectiva e incluso supuesta delincuencia organizada", se declaren estas actuaciones exentas de costas para los afectados.

Finalmente, piden que se investigue la actuación de la CNMV, el Banco de España y la Xunta de Galicia, "así como a sus responsables en el momento del lanzamiento de cada emisión, al validar estos productos y no perseguir estas actuaciones presuntamente punibles".

Falta de resultados

Según explicó uno de los coordinadores de la Plataforma de Afectados de Vigo y Val Miñor, José Manuel Estévez, con esta iniciativa se solicita que "la Justicia actúe de verdad y no tan sólo de cada a la galería, como parece estar siendo dada la falta de resultados hasta hoy".

Además, avanzó que la Plataforma "va a secundar la creación de una asociación de productos tóxicos bancarios para elevar demanda judicial para tratar de demostrar que hubo falsedad documental en las cuentas de la entidad". En ese sentido, destaca que, si se demuestra este extremo, "todos los contratos emitidos por la entidad carecerían de valor, siendo declarados nulos, con las correspondientes indemnizaciones y recuperación de los ahorros".