El presunto terrorista vinculado a Resistencia Galega Adrián Mosquera Pazos, detenido el pasado lunes por la noche en el municipio coruñés de Ames, ha sido trasladado a Madrid para pasar a disposición de la Audiencia Nacional este jueves.

Según han informado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista, Adrián Mosquera Pazos se encuentra en dependencias policiales en Canillas, en Madrid.

Las mismas fuentes han señalado que la operación dirigida por la Comisaría General de Información, en colaboración con la Jefatura Superior de Policía de Galicia, "sigue abierta", por lo que no se descartan nuevos arrestos.

No obstante, el Cuerpo Nacional de Policía considera descabezado el grupo que pretendía reactivar las labores de la organización terrorista Resistencia Galega en A Coruña con la detención el lunes en una zona boscosa del municipio de Ames de Adrián Mosquera Pazos.

El arresto tuvo lugar sobre las 22.30 horas en un paraje que estaba siendo vigilado por las fuerzas de seguridad al sospechar que podría producirse el intercambio de armas y explosivos por parte de miembros de la organización terrorista.

Mosquera Pazos, militante de AMI de 27 años de edad y natural de Ames, portaba tres artefactos explosivos en el momento de su detención. Venía siendo investigado desde septiembre pasado, cuando agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron en una operación conjunta a cuatro jóvenes vinculados a Resistencia Galega que portaban explosivos y preparaban un atentado "inminente".

ANTECEDENTES

Está previsto que Mosquera Pazos comparezca este jueves ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que ha dirigido la operación.

Mosquera Pazos también fue detenido en 2005 en el marco de la conocida como 'Operación Castiñeira' acusado de asociación ilícita, daños y alteración del orden público, tras lo que quedó en libertad.

Además, fue sancionado el año 2009 con el pago de 1.100 euros por cometer desórdenes graves en la vía publica. En concreto, se le acusaba de incumplir la Ley Orgánica sobre la Protección de Seguridad Ciudadana mediante "la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en la Ley Orgánica, Reguladora del Derecho de Reunión" y de "originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público".