Los portavoces de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partido Popular, ICV y Ciutadans han coincidido este miércoles en pedir la dimisión del líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, tras conocerse este martes que su partido admitió la financiación irregular de su partido, implicado en el caso Pallerols, y ha aceptado el pago de 388.000 euros para eludir el juicio aceptando su responsabilidad.

El portavoz adjunto de los republicanos en el Parlamento catalán, Oriol Amorós, ha pedido a Duran, que sea "consecuente" y dimita. Así lo ha manifestado en declaraciones desde la Cámara cuando se le ha preguntado sobre el hecho de que Duran aseguró en 2000 que dimitiría si se demostraba la financiación irregular: "La palabra es el principal patrimonio que tiene una persona y me gustaría que todos los líderes políticos no faltaran a su palabra".

Amorós ha reivindicado la necesidad de impulsar en esta legislatura una "ley de transparencia ejemplar", y ha asegurado que el caso Pallerols no demuestra un uso fraudulento generalizado de los fondos por parte de los partidos políticos.

Por su parte, el portavoz adjunto del PPC en el Parlament, Santi Rodríguez, le ha reclamado a Duran que sea "coherente con su palabra" y dimita. "El señor Duran Lleida en el año 2000 se comprometió a presentar su dimisión si se demostraba que Unió Democràtica se había financiado irregularmente y ayer no solo quedó demostrado sino que Unió lo ha reconocido", ha declarado Rodríguez en rueda de prensa de la sede de los populares catalanes.

Por ello, Rodríguez ha pedido a Duran que sea "coherente y consecuente" con sus palabras, que dé explicaciones a la ciudadanía sobre este caso y del por qué de esta actuación, que pida "perdón" y finalmente "que cumpla la promesa de presentar su dimisión de sus cargos y responsabilidades".

"Por primera vez en la historia de la democracia contemporánea una fuerza política reconoce pública y judicialmente que se ha financiado de forma irregular, ilegal. Y además, con recursos que iban dirigidos al paro", ha añadido el dirigente popular. Rodríguez ha lamentado que este proceso se haya alargado tanto en el tiempo y ha valorado negativamente la sentencia porque a ojos de la ciudadanía ofrece una sensación de "impunidad" con la corrupción.

Asimismo, el dirigente popular ha recordado que los dos partidos en el gobierno están envueltos en casos de corrupción, ya que ha recordado que Convergència Democràtica de Catalunya tiene la sede embargada por un presunto caso de financiación irregular. Por ello, Rodríguez ha dicho que espera que no sea ERC quien les "guarde las espaldas" a estos dos partidos tras el pacto entre republicanos y CiU.

De la misma opinión es la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que recordó que hace tiempo ya había dicho y ahora vuelve a repetir que considera una "incoherencia y una frivolidad tremenda que una persona que se ha demostrado en campaña general a favor de la independencia de Cataluña y que habla del Estado español como una cloaca, sea el presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados del Reino de España".

A renglón seguido, añadió que también le parece una "incoherencia y una frivolidad que aquel que dijo hace unos años que si se demostraba que había financiación ilegal en Unió dimitiría y hoy todavía se mantenga en su cargo y en su responsabilidad".

ICV-EUiA también ha exigido la dimisión de Duran y ha registrado en el Parlament una propuesta de resolución para que sea cesado de todos los cargos que ostenta en representación de la Generalitat y se retiren las subvenciones que recibe este partido.

En rueda de prensa en la cámara catalana, la portavoz de los ecosocialistas Dolors Camats ha reclamado, asimismo, la comparecencia del conseller de Presidencia, Francesc Homs, y la del titular de Justicia, Germà Gordó, para que den cuenta de las motivaciones que han llevado a alcanzar este acuerdo entre Fiscalía del Estado y la Abogacía de la Generalitat que, a su juicio, va "contra los intereses" de los ciudadanos.

Camats, que ve muy grave que un partido admita financiación irregular y corrupción "con el robo de fondos públicos", ha exigido así al líder de UDC, Duran Lleida, que "cese de todos su cargos políticos" en esta formación como, ha recordado, "él mismo se comprometió" en 2000 cuando se destapó el "caso Pallerols". En este sentido, ha emplazado al presidente catalán, Artur Mas, a no nombrar de nuevo a Duran como presidente de la comisión bilateral Estado-Generalitat, para "no hacer el ridículo" y para que "no nos tomen a broma", ha agregado.

El portavoz de Ciutadans (C's), Jordi Cañas, ha instado a Duran a dimitir si tiene "palabra y dignidad política", al tiempo que ha denunciado el "silencio clamoroso" del dirigente democristiano.

Cañas ha denunciado que con el dinero procedente de la UE y destinado a "formar a los parados", Duran "se pagaba su suite en el hotel Palace" de Madrid. El portavoz de Ciutadans ha lamentado, además, el "silencio clamoroso" de Duran una vez probada la financiación irregular de UDC cuando, ha dicho, es un político "tan dado a dar lecciones morales a terceros".

El portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macías, ha asegurado que "por respeto a Duran debería contestar él ante la responsabilidad de la financiación ilegal de CiU, pero las responsabilidades las asumieron quienes ahora ya están penados y en su día fueron expulsados de Unió Democrática hace ya 10 o 12 años. Por tanto mi máximo respeto y Unió en boca de Duran o quien sea va a decir lo que tenga que decir".

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que no ha habido trato de favor en el caso Pallerols, pero ha asegurado que el tiempo de instrucción del proceso es "excesivo, escandaloso e inasumible en un Estado de derecho".

Así se ha manifestado a preguntas de los medios momentos antes de dictar una conferencia en la facultad de Ciencias Sociales de Toledo, donde ha aseverado que "tardar 20 años en la tramitación de un proceso, por mucho que tenga complejidad documental, es excesivo y afecta al artículo 24.2 de la Constitución, donde se refleja el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas".

Según el fiscal, esta tardanza "puede llevar a una rebaja de la pena correspondiente en el proceso y teniendo en cuenta las circunstancias se ha llegado a la conformidad de las partes".

En todo caso, ha querido matizar que "aunque no hay una pena de ingreso en prisión, hay que decir que ha habido reconocimiento de culpabilidad y se hará una devolución de los fondos públicos, que es uno de los fines que contempla el proceso". "No se trata de un trato de favor, sino de aplicar la legalidad atendiendo a las circunstancias penosas de dilación del proceso, que es lo que interesa destacar", ha agregado.