La Dirección General de Salud Pública ha explicado este domingo que fueron un total de 35 los trabajadores de la empresa Azsa que reflejaron en sus respectivos análisis niveles de mercurio superiores a 100 microgramos por litro de sangre, cantidad que ya supone una "clara intoxicación". No obstante, aclara que las pruebas realizadas entre los días 23 y 24 muestras que "casi todos" ellos ya están en cifras normales, y que en el próximo análisis probablemente no haya ninguno por encima de los límites.

Así lo ha señalado la dirección, a través de una nota de prensa en la que ha asegura que "desde el primer momento se ha considerado importancia de la intoxicación sufrida por los trabajadores de la empresa AZSA y está realizando las actuaciones de evaluación, vigilancia y control de la salud de los empleados de esta empresa desde el pasado día 3 de diciembre, fecha en la que se produjo el ingreso del primer afectado por una intoxicación relacionada con una exposición a altos niveles de mercurio".

Desde esta fecha, la Consejería de Sanidad está informada del estado de salud de los 87 trabajadores analizados, de los cuales 39 no sobrepasaron los 15 microgramos por litro de sangre (mcg/L), lo que se considera un nivel de normalidad para la población general. Otros 13 tuvieron entre 16 y 70 mcg/L (70 mcg/L, que es el nivel de acción de Minas de Almadén para apartar a los trabajadores del puesto de trabajo). Los 35 restantes tuvieron una clara intoxicación con 100 o más mcg/L de mercurio en sangre, alcanzando algunos los 700, 800 y 900 mcg/L, en el caso de uno de ellos.

Casi todos ellos, incluso los que tienen niveles más altos, ya están en límites normales según extracción de sangre realizada entre los días 21 y 24 de diciembre. Posteriormente se requirieron nuevos análisis de los que aún no se disponen los resultados pero de los que se espera que todos los trabajadores afectados hayan recuperado ya las cantidades normales de mercurio en sangre.

Se mantendrán los controles

La Dirección General de Salud Pública mantendrá la coordinación del seguimiento de los trabajadores con el fin de mantener un control permanente de la evolución de la intoxicación. Dicho seguimiento está previsto establecerlo durante un periodo que puede alcanzar hasta los 24 meses, en el caso de algunos trabajadores y según las últimas estimaciones realizadas.

Desde el día 3 de diciembre, 24 horas después del ingreso del primer afectado, la Dirección General de Salud Pública, a través de su sección de epidemiología laboral y ambiental, participa y mantiene un seguimiento permanente de la investigación que se está realizando en la citada factoría y de la actividad sanitaria de los servicios de prevención en relación a la vigilancia de la salud de los trabajadores.

Fruto de esta actividad, esta Dirección General tiene abierta una investigación epidemiológica, en colaboración con el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, los servicios de prevención y los servicios sanitarios sobre los trabajadores de la factoría afectados. Se ha documentado la realización de exámenes clínicos y de laboratorio y se realiza un seguimiento de resultados en lo que se refiere a la salud de los trabajadores afectados. La intoxicación fue comunicada por el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad al Centro Nacional de Epidemiología (CNE) en los primeros días de diciembre, como brote de origen ambiental de acuerdo con las normas sobre vigilancia epidemiológica.

Por otra parte, la Consejería de Sanidad mantiene una encomienda de gestión con el Instituto Asturiano de Riesgos Laborales y un contacto permanente con este organismo para el seguimiento de la investigación de las causas y de las actuaciones preventivas que se están desarrollando en la fábrica.

Asegura también la nota que las organizaciones sindicales y empresariales que participan en el Consejo Rector del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Consejería de Economía, tienen acceso de forma permanente a la información sobre las actuaciones que se llevan a cabo por parte de este organismo.

Aclara además que la Dirección General de Salud Pública no ha recibido en ningún momento, desde el inicio de este brote, ninguna petición de información por parte de las organizaciones sociales ni laborales. La Consejería de Sanidad está dispuesta a proporcionar, con las reservas legales oportunas, cuanta información resulte de interés en lo que se refiere a la salud de los trabajadores, a las personas directamente interesadas.

Asimismo, desea trasladar a la opinión pública que todo apunta que la situación generada por el accidente está controlada en lo que son ámbitos de actuación de la Administración Sanitaria, de acuerdo a las normas vigentes, si bien será preciso completar la investigación para corroborar fehacientemente esta impresión.