Venezuela se acerca al día 10, fecha de la asunción presidencial, en medio de la controversia entre el chavismo, que pese al estado de salud del presidente no descarta que Hugo Chávez pueda estar presente, y una oposición que defiende la necesidad de designar un nuevo Ejecutivo. Aunque Chávez no llegue al acto de investidura, el día 10 de enero habrá actos en las calles y presencia de dignatarios extranjeros en Caracas, según explicó este lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

"Nosotros no descartamos absolutamente nada, lo que no vamos a llegar es al 10 sin saber qué es lo que vamos a hacer", dijo Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en la rueda de prensa de esa formación al responder si se descartaba la presencia de Chavez ese día. Chávez se recupera en La Habana desde el pasado 11 de diciembre de la cuarta operación de un cáncer del que se sabe que está en la zona pélvica pero no su ubicación exacta ni tipología.

Según el último informe del Gobierno, difundido este martes, el presidente se encuentra en una "situación estacionaria" de la insuficiencia respiratoria que sufre por una importante infección pulmonar tras su operación del pasado 11 de diciembre en La Habana y está "asimilando" el tratamiento, informó este martes el Gobierno.

"El presidente se encuentra en una situación estacionaria en relación con la descrita en el más reciente reporte cuando se informó sobre la insuficiencia respiratoria que enfrenta el comandante Chávez", dijo el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, que aseguró que "el tratamiento viene siendo aplicado de forma permanente y rigurosa".

"El paciente lo está asimilando", añadió.

Por su parte, Cabello señaló que se está convocando a una gran concentración en Caracas el día 10 de enero en la que "toda Venezuela" va a estar frente al Palacio de Miraflores, sede del Gobierno.

Además, "una cantidad de presidentes de países amigos, jefes de gobierno y primeros ministros de algunos países" estarán en Caracas. "Van a visitarnos, a darle su solidaridad al presidente Chávez y al pueblo de Venezuela" y a expresar su "respeto" a esta Constitución, señaló. Las palabras de Cabello se produjeron después de que en las últimas horas la procuradora general, Cilia Flores, asegurara que el jueves será un "día normal" que pasará como cualquier otro.

En medio de la controversia, el líder de la oposición, Henrique Capriles, afirmó que no hay duda de que Chávez seguirá siendo jefe de Estado después del día 10 de enero, pero afirmó que la Constitución es clara con relación a los plazos establecidos. "¿Qué es lo que nosotros deseamos? Que el presidente de la República tome posesión de su cargo y que las cosas se hagan de acuerdo a lo que establece la Constitución", señaló.

Capriles señaló que "si el 10 de enero no se da ese juramento, la Constitución establece los lapsos claramente", en alusión a los plazos previstos en la Constitución para la falta temporal y falta absoluta. El artículo 234 de la Constitución establece que las faltas temporales del presidente serán suplidas por el vicepresidente "hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más".

"Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta", agrega el texto. La controversia está servida en Venezuela ante las lagunas que ofrece la Constitución a la situación de Chávez.

El oficialismo defiende que el acto de asunción presidencial es un "formalismo" que el presidente puede cumplir con posterioridad ante el Tribunal Supremo, ya que la Constitución prevé que en caso de "hecho sobrevenido" el mandatario pueda jurar ante ese órgano en lugar de la Asamblea Nacional. Por su parte, la oposición sostiene que el Gobierno concluye su periodo constitucional el 10 de enero y a partir de ahí todos los cargos, incluido el del vicepresidente, Nicolás Maduro, dejan de estar en funciones, con lo cual sólo el presidente de la Asamblea podría asumir las funciones de jefe de Estado.

La Conferencia Episcopal venezolana (CEV) consideró que hay un "grave riesgo" para la estabilidad del país y rechazó los intentos de manipulación de la Constitución. "Está en grave riesgo la estabilidad política y social de la nación; este es un momento difícil e incierto, con rasgos que dibuja una compleja situación que pudieran conducir al país a una encrucijada peligrosa", indicó hoy el presidente de la CEV, Diego Padrón, arzobispo de Cumaná (noreste del país).

Por su parte, el asesor especial de Asuntos Internacionales de la Presidencia de Brasil, Marco Aurelio García, afirmó este lunes que, según la Constitución venezolana, el presidente tiene un plazo de 90 días, prorrogables por otros 90, para asumir un nuevo mandato al frente del Gobierno.

García, quien pasó el 31 de diciembre y el 1 de enero en La Habana para seguir la evolución de la salud del mandatario, internado desde el mes pasado en la capital cubana, explicó que ese plazo se otorga cuando no es declarada la "imposibilidad" para asumir la Presidencia venezolana, según informó la estatal Agencia Brasil.

En caso contrario, con una eventual muerte del gobernante o declarada la imposibilidad de asumir, la Asamblea (Parlamento) deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 30 días.

Para García, el Gobierno brasileño "no ve inestabilidad política en Venezuela", a pesar de que el estado de salud de Chávez "es grave y sin previsión" sobre su evolución.

Según el asesor, el Gobierno brasileño está "conmocionado" con la situación "lamentable" de la salud de Chávez, amigo personal de García.

Mientras tanto 2.200 firmas —entre ellas las de Adolfo Pérez Esquivel, o Ramón Chao— de 90 países se han sumado al manifiesto de la "Red de Intelectuales, Artistas y Luchadores sociales en Defensa de la Humanidad", que hace votos por la plena recuperación de la salud de Chávez. En Miami (EE UU), exiliados venezolanos tacharon de inconstitucional que Chávez no necesite jurar su cargo el 10 de enero para iniciar un nuevo mandato, una posibilidad que convertiría a Venezuela, dijeron, en un "régimen de facto".