El Gobierno de Canarias ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la documentación que acredita que no habrá desviación en la ejecución de su plan económico-financiero, por lo que asegura que cumplirá con el objetivo de déficit al cierre del ejercicio 2012.

Así lo ha comunicado el Ejecutivo canario en una nota de prensa después de que el Ministerio de Hacienda reconociera riesgos de desviación del déficit en siete comunidades autónomas, entre ellas Canarias.

El Gobierno de Canarias ha aclarado que el Ministerio publicó ayer jueves los informes sobre el grado de ejecución de los planes de reequilibrio de las comunidades autónomas con datos al mes de septiembre, mientras que la documentación enviada con anterioridad por la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad "abarca la ejecución real al mes de noviembre y contiene una completa proyección de los resultados al cierre de diciembre".

Según el Ejecutivo autonómico, de los datos aportados se desprende que las islas cumplirán con el 1,5 por ciento del PIB fijado como objetivo de estabilidad para 2012, dado que el mayor efecto de las medidas adoptadas en materia de gastos y de ingresos por el Gobierno regional tuvo lugar en los últimos meses del año, circunstancia que también matiza el informe realizado para las islas. En ese análisis, el propio Ministerio admite que, a septiembre del pasado año, el déficit del archipiélago se situaba en el 1,2 por ciento del PIB, es decir, dentro del límite previsto.

Por otra parte, desde la Consejería de Economía se considera que el Gobierno de España ofrece datos incompletos sobre 2012, pues no facilita la información sobre el grado de ejecución de las comunidades autónomas en 2011, año en el que previsiblemente Canarias fue la autonomía de España que mejor se comportó.

En consecuencia, y aún estando disconforme con la distribución de los objetivos fijados por el Ministerio, el Ejecutivo canario ha querido dejar claro que "cumple con la estabilidad requerida a pesar de ser la comunidad autónoma peor financiada para la prestación de los servicios públicos esenciales y de la disminución de ingresos estatales con incumplimientos de convenios vigentes y firmados".