Los trabajadores del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, están llamados este jueves a participar en una asamblea general convocada a primera hora de la mañana, toda vez que a partir de las 23,00 horas, arranca la octava jornada de huelga promovida por los sindicatos contra la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja de pescado, extremo que afecta a un centenar de los 198 trabajadores. El Ayuntamiento de Sevilla, socio mayoritario de la empresa, ha aprobado ya de forma inicial la preceptiva modificación de reglamentos para la liberalización de estos servicios, por lo que sobre la plantilla se cierne un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a unos cien trabajadores.

Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla, ha informado a Europa Press de que pese a las siete jornadas de huelga ya consumadas por la plantilla de esta sociedad mixta, el Gobierno municipal hispalense y la dirección de la lonja no han ofrecido ninguna vía de diálogo a la plantilla, que como se ha informado afronta un procedimiento que podría acabar casi con la mitad de sus miembros. Los empresarios mayoristas de pescado, no obstante, se han ofrecido a asumir en la medida de lo posible a los trabajadores que se vean afectados por estos despidos, si bien tal aspecto conllevaría cambios de calado en las condiciones laborales de estos empleados. El presidente del comité de empresa, de cualquier modo, ha criticado que el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), no haya recibido a los representantes de la plantilla después de "meses" de espera y de que el propio primer edil anunciase públicamente que tal reunión se celebraría de forma inmediata.

Expediente en la comisión europea

La liberalización de los servicios de la lonja parte de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.

Porque en junio de 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de abastos grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).

El pronunciamiento del parlamento europeo

El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y concluyó que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.

Así, y merced a los "requerimientos", el pasado 7 de mayo el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico que concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados". El comité de empresa, de su lado, defiende que no pesan resoluciones definitivas sobre este conflicto y que el mencionado informe fue elaborado expresamente para justificar esta operación, toda vez que el derecho comunitario sería "inaplicable" en este caso al estar la empresa exclusivamente sujeta a la "regulación estatal".

Para el comité de empresa, en ese sentido, la liberalización de los servicios de la lonja de pescado es simplemente una decisión "política" derivada de los compromisos adoptados por el PP con el gremio de mayoristas de pescado.