El Partido Popular ha puesto en marcha el mecanismo que acelerará la concesión del tercer grado penitenciario a Ángel Carromero, el dirigente de Nuevas Generaciones (NN GG) condenado a cuatro años de prisión por la justicia cubana por conducir el coche siniestrado en el que murieron los opositores anticastristas Oswaldo Payá y Harold Cepero.

Según ha confirmado el Ayuntamiento de Madrid, el Consistorio ha comunicado al Ministerio del Interior que mantiene el puesto de consejero de libre designación en la Junta de Distrito de Moratalaz que Carromero ostentaba hasta el momento de su detención. Tras su encarcelación en Cuba, fue suspendido de funciones. Por este trabajo a las órdenes de la concejal de distrito Begoña Larraínzar cobraba 50.400 euros al año.

Si Carromero demuestra que tiene un trabajo remunerado estable, podrá acceder al tercer grado. Este requisito es indispensable para que se le permita ir a dormir a prisión (o a un centro abierto o de inserción social) cuatro días a la semana, permitiéndosele disfrutar del fin de semana fuera de estas instalaciones. Serán las autoridades penitenciarias las que estudien el caso y tomen la decisión, una vez que Carromero solicite la revisión de su situación.

Carromero fue repatriado a España gracias al trabajo del Ministerio de Exteriores y la Secretaría de Estado para Iberoamérica en virtud de un convenio bilateral sobre presos vigente entre ambos países. Cumple su pena en la prisión de Segovia desde el pasado 20 de diciembre.

Para que este convenio pueda activarse, el delito cometido por Carromero debe ser punible o sancionable en el Estado de cumplimiento, aunque no existiera identidad en tipificación. En este caso, Carromero fue condenado por homicidio al ser el conductor del coche en el que viajaban Payá y Cepero, que murieron al salirse el vehículo de la vía. Según el tribunal que le condenó, conducía de forma temeraria e infringiendo los reglamentos de tráfico.

La intención de la familia del político y del Partido Popular —especialmente, del PP de Madrid, con Esperanza Aguirre al frente— es que se beneficie de inmediato del tercer grado. El Gobierno, en virtud del acuerdo con Cuba, puede indultarle o conmutarle la pena, pero las autoridades de la isla son las únicas que pueden revisarla.

La condena, establece el texto marco, se cumple bajo las condiciones establecidas por las leyes españolas, por lo que la concesión del tercer grado no supondría un conflicto.

Esperanza Aguirre anticipó la resolución del caso este martes 1 de enero, cuando visitó a Carromero en la cárcel de Segovia. "Hemos tenido que aceptar la pena para que Ángel volviese a pisar España", dijo a su salida insistiendo en que el político no ha cometido "ningún delito". Al tramitar la repatriación, sin embargo, España aceptó la existencia del delito de forma oficial, ya que así lo establece el convenio. A pesar de ello, Aguirre declaró que no reconoce "ninguna Justicia en la isla de Cuba. Es una tiranía".

Pablo Casado, dirigente de NN GG del PP de Madrid y que acompañó a la presidenta, aseguró que el viaje de Carromero era "personal" y que el PP no le envió para llevar dinero o recursos a la disidencia cubana. Hasta ahora, es el único miembro del partido que se ha referido a la cuestión, ya que ningún dirigente del equipo de Mariano Rajoy o del PP madrileño se ha manifestado al respecto.

El PP insiste en que su militante es inocente de los cargos. Aguirre pidió este martes una "investigación internacional" independiente para aclarar si el vehículo que conducía Carromero se salió de la carretera por culpa del estado del firme o si había algún otro coche en las inmediaciones en ese momento.