La línea de media distancia Valladolid-Santander, declarada de obligación de servicio público

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado, siendo declarados como obligación de servicio público, y que incluye la línea Valladolid-Santander.
Tren Alvia
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EUROPA PRESS
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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado, siendo declarados como obligación de servicio público, y que incluye la línea Valladolid-Santander.

Por otro lado, Renfe Operadora continuará prestando desde el 1 de enero de 2013 los servicios ferroviarios de transporte de viajeros sobre la red de ancho métrico que en la actualidad presta Feve, en virtud de su integración en esa fecha.

Entre los servicios ferroviarios de viajeros que discurren sobre la red de ancho métrico prestados por Feve a la fecha de aprobación del acuerdo del Consejo de Ministros se encuentran, en el caso de cercanías, los de Santander-Torrelavega y Santander-Liérganes, en el caso de Cantabria, según la información del Gobierno, consultada por Europa Press.

En cuanto a las líneas de regionales, se citan las de Oviedo-Santander y Santander-Bilbao en lo que afecta a la comunidad autónoma de Cantabria.

A través de este plan el Gobierno garantiza los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general, apuesta por el modo que sea más eficiente en cada caso y aquel que suponga un menor coste para el ciudadano y garantiza los mayores estándares de calidad y seguridad en la prestación del servicio.

El plan de racionalización se realiza en cumplimiento del Real Decreto Ley de 20 de julio de 2012, que se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por obligaciones de servicio público.

Según ha indicado el Gobierno, el Ministerio de Fomento ha acometido este plan sobre la base de estudios rigurosos y datos objetivos, en un proceso transparente, con el consenso de las comunidades autónomas y con representantes de las organizaciones sindicales del sector.

Asimismo, indica que se garantizan los servicios públicos esenciales, si bien con una racionalización del gasto, ya que la situación económica exige eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Criterios de conexión y vertebración

El criterio general adoptado es la declaración como obligación de servicio público de todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15 por ciento. No obstante, algunas en las que éste se sitúe entre el 10 y el 15 por ciento también podrán declararse como obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta criterios de conexión y vertebración territorial.

Se compatibiliza la racionalización del gasto con la continuidad de los servicios, aprovechando sinergias. De este modo, trenes de larga distancia podrán prestar cobertura a estos usuarios y en otros trayectos podrán sustituirse con transporte en autobús. Junto a ello, otras de las medidas que se pondrán en marcha serán la mejora de los horarios o el uso de trenes más pequeños.

El Plan de racionalización de servicios supondrá un ahorro progresivo hasta alcanzar en 2015 los 51 millones de euros anuales de costes directos. Asimismo, el Ejecutivo señala que el mismo se ha desarrollado siguiendo criterios objetivos de eficiencia social, medioambiental, y económica.

En la actualidad hay servicios ferroviarios que muestran "importantes ineficiencias". El 51,7 por ciento de los trenes se destinan a cubrir servicios que sólo utiliza un 16 por ciento de los viajeros y presentan un aprovechamiento inferior al 15 por ciento. En estos servicios de menor aprovechamiento se dan casos en los que el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete, frente a los 11 euros que paga el viajero.

Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con Renfe Operadora el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación.

En caso de que alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público por la Administración General del Estado, esa región podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación de dicho servicio.

Por otro lado, Renfe Operadora continuará prestando los servicios de media distancia sobre la red de altas prestaciones (Avant) en las mismas condiciones que lo viene haciendo en la actualidad, y antes del 30 de junio de 2013 el Consejo de Ministros definirá qué servicios Avant resulta pertinente sujetar a tales obligaciones para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema de transporte.

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