La Unió de Llauradors ha denunciado importaciones "masivas" de vino procedente de terceros países y ha reclamado al Gobierno central que investigue las garantías sanitarias de esos productos agrarios, así como que se verifique el destino de cada litro importado que pasa por la Comunitat Valenciana.

La organización agraria ha explicado que se encuentra atracado en el puerto de Cartagena hasta el próximo día 2 de enero un barco con bandera suiza, que transporta casi 17 millones de litros de vino procedentes oficialmente de Brasil —aunque sospecha que puede provenir de otro país productor sudamericano—- y que luego se dirige hacia Montenegro (Bijela).

Dentro de las operaciones del barco se encuentra la descarga de ese contingente de vino en el mismo puerto de Cartagena. Se trata de un barco de los denominados "químicos", con transporte de graneles líquidos, ha asegurado.

Los productores de vino de La Unió consideran que esas importaciones "pueden obedecer al intento de algunos grupos industriales españoles potentes que compraron vino referenciado a precios de mercado interior y que ahora pudieran estar interesados en hundir el mercado español con cotizaciones más bajas".

Así, entienden que los importadores "podrían ser grupos muy beneficiados en el reparto de fondos europeos, provenientes del dinero público de todos los contribuyentes comunitarios, con objeto de promocionar el vino europeo en los países terceros".

Podría acabar en do españolas

Para La Unió, "resultaría muy curioso que al final el vino acabara en alguna denominación de origen española, con clara preminencia de alguno de los grandes grupos industriales o fuera reexportado como vino europeo a otros países mediante las ayudas públicas de promoción a terceros países".

La organización agraria ha insistido en que "se deben cumplir las garantías sanitarias por las cuales determinados barcos no pueden transportar productos alimenticios a no ser que reúnan una serie de estrictos requisitos tanto en la carga actual como en las anteriores, condiciones que deberán confirmarse por parte de las autoridades portuarias y por parte del Gobierno español.

Asimismo, ha destacado "los graves precedentes existentes" en España de intoxicación alimentaria, como es el caso de la colza. También considera que se deben contemplar las garantías de calidad y trazabilidad para los consumidores y que no les den "gato por liebre" porque al final "no queda clara la procedencia del vino".