La Generalitat valenciana y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pondrán en marcha un plan piloto de oficina judicial en la Comunitat Valenciana, según ha anunciado este miércoles el conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, quien ha destacado que este nuevo órgano será "muy positivo" en cuanto a "agilización, eficiencia y eficacia".

Castellano ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras mantener una reunión con la portavoz y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela de Bravo y Fernando de Rosa, respectivamente, y con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva.

El conseller ha explicado que en el encuentro han abordado, entre otras, una "cuestión muy importante", como es la referente a la oficina judicial. A su juicio, "es el momento de poner en marcha un plan piloto de oficina judicial en la Comunitat".

Para ello, ha asegurado que "en los últimos tiempos" han estado estudiando "todas las experiencias que se han hecho a lo largo y ancho de España". Entre ellas, ha destacado la oficina judicial del País Vasco, que Castellano considera que podría ser "un modelo", aunque "adaptándolo y cogiendo experiencias también de otras comunidades".

Serafín Castellano ha explicado que empezarán a poner en marcha un plan piloto de oficina judicial a través de una orden jurisdiccional, y ha asegurado que irán concretándola y dándole forma junto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Preguntado por si comenzarán de cero, enterrando todo lo realizado hasta ahora sobre este tema, el conseller ha respondido que tendrán en cuenta experiencias similares en otros territorios, pero "todo lo que se ha hecho aquí no es trabajo baldío, es trabajo del que partimos", ha subrayado.

Vehículos incautados

Por otro lado, Serafín Castellano ha explicado que ha abordado con el CGPJ la próxima firma de un convenio sobre vehículos incautados. Al respecto, ha señalado que este asunto supone "un problema" y, en este sentido, ha añadido que el convenio, que están estudiándolo para "poder firmarlo y llevarlo adelante", supondrá "minorar los costos de todos los depósitos" y ser "mucho más eficaces".

En concreto, el acuerdo permitirá "dar salida" a los vehículos antes de que entren en los depósitos judiciales, lo que conllevará "un ahorro". Así, la administración autonómica podría utilizar algunos de estos vehículos, mientras que otros saldrán a la venta y otros tendrán que ser destruidos, por ejemplo, aquellos que no están legalizados.