La Consejería de Salud y Bienestar Social lamenta que el uso de "criterios poco científicos" para aplicar terapias de reproducción humana asistida "solo pueden dar lugar a situaciones de discriminación" entre personas.

En un comunicado, el departamento que dirige María Jesús Montero ha aclarado algunos aspectos debatidos en el Consejo Interterritorial de Salud, celebrado el pasado día 20 de diciembre, sobre reproducción humana asistida.

En este sentido, Salud señala que en la reunión el Ministerio de Sanidad se comprometió a no dar por aprobadas las conclusiones de los grupos de trabajo de cartera de servicio, punto que iba, además, como a debatir y no a ratificar en el orden del día que ha llegado a las comunidades autónomas.

Al advertir la consejera andaluza que había algunos puntos de estos informes que eran "controvertidos", la propia ministra se comprometió a no darlos por aprobados para verlos con más detenimiento. La situación advertida por Montero se refería a que el grupo de trabajo de reproducción humana asistida incluía como criterio de exclusión para poder recibir estas terapias una "situación social, documentada, que interfiera de forma grave sobre el desarrollo de la descendencia".

Según la Consejería, "se desconoce si la intención del Ministerio es que se entre a valorar desde el Sistema Sanitario Público cuestiones ajenas a lo científico". "La inclusión o exclusión de personas en estos tratamientos siempre ha obedecido a cuestiones médicas, tangibles y con evidencia científica", recuerda Salud, por lo que advierte de que desde esta Consejería "jamás se entrará en consideraciones de otro tipo".

"Que en esa línea de clara invasión de aspectos no directamente vinculados a la salud, el Ministerio ha incluido otro criterio de exclusión que vuelve a salirse de sus competencias. Se habla de "incapacidad para cumplir el tratamiento por motivos relacionados con la salud, por motivos familiares o relacionados con el entorno social".

Por todo ello, la Junta lamenta que, "siendo como debería ser uno de los objetivos del Consejo Interterritorial el buscar acuerdos para desarrollar una cartera común de servicios con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan los beneficiarios", estos "criterios poco científicos solo pueden dar lugar a situaciones de discriminación".

"¿Quién va a determinar que una pareja o una mujer cumple o incumple esa situación social que interfiera en la descendencia?", cuestiona la Consejería de Salud y Bienestar Social.