La Audiencia Nacional ha ordenado la puesta en libertad previo pago de una fianza de 15.000 euros para la exdirigente de Batasuna Aurore Martin, encarcelada en España desde principios de noviembre, según su abogada en Francia.

El tribunal ha admitido el recurso de apelación presentado por la defensa de Martin contra un auto que el juez Pablo Ruz dictó el pasado 2 de noviembre en el que acordó su ingreso en prisión incondicional por un delito de integración en organización terrorista. La letrada, Amaia Recarte, está viendo la manera de conseguir esa suma para que pueda salir "antes del lunes" de la cárcel de Soto del Real.

La Audiencia considera que no existe "riesgo de sustracción a la acción de la Justicia", ya que tiene "domicilio fijo" en territorio galo y ha llevado una "actividad pública" en los últimos tres años.

El tribunal, formado por los magistrados Ángela Murillo, Juan Francisco Martel y Teresa Palacios, que ha sido la ponente, estima que en el actual momento procesal no existe "riesgo de ocultación de prueba alguna" por parte de Martin, por lo que su sometimiento a la causa puede asegurarse mediante la imposición de medidas cautelares.

Además de la fianza de 15.000 euros, la dirigente de Batasuna tendrá que comparecer en el juzgado o las dependencias policiales más próximas a su domicilio entre los días 1 y 5 de cada mes y fijar domicilio en España.

El auto sostiene que aunque la entrega por parte de las autoridades francesas tardó tres años en ejecutarse, esta dilación no es achacable a Martin, ya que siguó llevando a cabo su "actividad pública" como dirigente política con normalidad.

Ruz justificó su ingreso en prisión por ser "una de las personas elegidas como integrante de la Mesa Nacional de Batasuna conformada en enero de 2006" y participar en el acto público de presentación de la misma que se celebró el 24 de marzo en el hotel Tres Reyes de Pamplona.

Al contrario que la Sala de lo Penal, el juez instructor advirtió un "evidente y fundado riesgo de huída" y de "efectiva sustracción a la acción de la Justicia", agravado por unas manifestaciones en las que señalaba que no tenía "intención alguna" de ponerse "a disposición de los mandatarios españoles".