Hervé Daniel Marcel Falciani, el exinformático del banco HSBC acusado por la Justicia suiza de robar los datos personales de 130.000 evasores fiscales que tenían cuentas opacas en esa entidad, salió el lunes por la tarde de la prisión madrileña de Valdemoro protegido por un chaleco antibalas y escoltado por ocho agentes.

Detenido el 1 de julio en un control aduanero en Barcelona por la eurorden que emitió la Justicia suiza, la Audiencia ordenó el lunes su puesta en libertad provisional, aunque no podrá abandonar España y tendrá que comparecer cada tres días en comisaría. Puro formalismo.

Tanto la Fiscalía General del Estado como agentes de la UDEF (la unidad policial especializada en blanqueo) se han reunido con Falciani en prisión para llegar a acuerdos de colaboración, explican fuentes solventes a 20 minutos.

De hecho, el auto de libertad de la Audiencia asegura que "el reclamado ha colaborado y sigue colaborando con las autoridades de diversos estados de la UE tanto en investigaciones financieras como tributarias, de blanqueo de capitales, financiación de terrorismo y corrupción".

Falciani queda libre hasta que se decida sobre su extradición, que Suiza reclama por un delito de revelación de secretos, algo que no está tipificado en España.

Falciani ha sido trasladado ahora a un lugar seguro, lo que hace pensar que todavía tiene en su poder la lista de evasores fiscales. Francia se la requisó en enero de 2009, y fue el Gobierno francés el que compartió la información con otros países, como España e Italia.

Gracias a estos datos, Hacienda está investigando 659 casos de fraude en un entramado de más de 3.000 cuentas bancarias. Han trascendido pocos nombres, como el del banquero Emilio Botín, pero hay bastantes más que esos 659.

El nivel de protección con el que cuenta Falciani, ingeniero informático de 40 años, revela que ha podido llegar a un acuerdo con la Fiscalía española para compartir la importante información que aún puede obrar en su poder. No obstante, se le ha acusado de que su robo no perseguía fines altruistas, sino lucrativos. Suiza le imputa robo de datos personales, vulneración del secreto comercial y violación del secreto bancario, y asegura que ha intentado vender los datos al mejor postor.