La comisión interasociativa de jueces y fiscales pidió este lunes a los grupos parlamentarios que voten en contra o se abstengan en el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ha anunciado que promoverá la derogación de la norma para sustituirla por otra "más razonable y consensuada".

En una carta abierta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la comisión señala que esta solicitud se debe a la falta de respuesta a sus requerimientos por parte del Ministerio de Justicia.

La comisión denuncia "la imposición" de la reforma por parte del ministro Alberto Ruíz- Gallardón,  mediante un "ejercicio de fuerza sin escuchar a quienes, conocedores de primera mano de la situación, van a proceder a su aplicación".

Y ha asegurado que promoverá también todos los recursos y procedimientos para lograr "lo antes posible" la derogación de la norma, con el fin de sustituirla "por otra ley más razonable, más razonada y debidamente consensuada".

En la carta, la comisión interasociativa ha instado al presidente del Gobierno y al Ejecutivo a que asuma un "compromiso real" con la Administración de Justicia, al tiempo que ha rechazado la "indeseable avalancha de reformas legislativas, impuestas por el Ministerio de Justicia".

El comunicado de la CIC denuncia el "intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial", promovido por el ministro de Justicia, que a su juicio pretende "cercenar la división de poderes y de quebrantar la independencia judicial".

Para la comisión, Ruiz Gallardón "desprecia" los intereses de los ciudadanos, que "desconocen el alcance social de las reformas" puestas en marcha por el Ministerio y que "cada vez se siente menos representada en las instancias que organizan la vida y la convivencia en el país".

Además los jueces y los fiscales aseguran que Ruiz Gallardón pretende llevar a cabo la privatización de la justicia, "reduciendo las competencias del marco judicial y traspasándolas a otros colectivos".

Otra de las duras críticas de la CIC en su comunicado, es el "endurecimiento innecesario del Código Penal", donde se introducen nuevos tipos penales, "devenidos de asuntos puntuales con impacto en la opinión pública".

Para los firmantes, esta reforma "sobresaturará las Fiscalías y los juzgados con competencias penales", y acarreará "una reducción de los medios personales para poder afrontar dichos asuntos".

La Comisión ha reprochado al ministro de Justicia, Alberto Ruíz- Gallardón, que no haya mostrado desde su designación una "mínima intención de acercamiento al mundo real de la gente y al papel vital que la Administración de Justicia juega en la democracia".

En esta línea, ha criticado a Justicia por centrar "su actuación en un mero ejercicio del poder por la vía de la imposición sin consenso y sin diálogo" con la adopción de una serie de reformas a las que han calificado de "despropósitos", como la del Consejo General del Poder Judicial y la ley de tasas judiciales.

Entre otras críticas a la labor ministerial, la comisión interasociativa ha lamentado la inexistencia de inversiones en materia de justicia y la ausencia de agilidad en las normas procesales, así como el endurecimiento innecesario del Código Penal, "donde se introducen nuevos tipos penales, devenidos de asuntos puntuales con impacto en la opinión pública".

El texto también hace una referencia a los desahucios hipotecarios y destaca la "carencia de propuestas" con vistas a solucionar una de las problemáticas mas acuciantes de los ciudadanos.

La comisión interasociativa está formada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (FV), Foro Judicial Independiente (FJI), Unión Progresista de Fiscales (UPF), Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Por otro lado, la Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial retoma este martes el debate del informe de la vocal Margarita Robles, que ve inconstitucional la reforma penal del ministro Ruiz-Gallardón, en lo que se refiere a la prisión permanente revisable y a la custodia de seguridad.

El análisis de este informe comenzó el pasado jueves, pero, dada la extensión del documento (329 folios) y la complejidad de los asuntos que aborda, los vocales que integran la comisión, tras mantener ese día una reunión de tres horas y media, consideraron oportuno proseguir otro día con las deliberaciones.

Una vez que el informe cumpla este trámite, en el que podría sufrir alguna modificación, será elevado al próximo Pleno del CGPJ, previsto para el día 20 para su aprobación definitiva.

En su informe, que no es vinculante para el Gobierno, Robles indica que "resulta cuanto menos dudoso que una privación de libertad potencialmente perpetua sea conciliable" con la reinserción contemplada en el artículo 25.2 de la Constitución y destaca que ni siquiera se adoptó esta figura en la época de Franco.

También critica la nueva regulación de las medidas de seguridad por no establecer un límite máximo, y lo que "suscita mayores recelos es la custodia de seguridad", regulada "como una medida privativa de libertad a cumplir" tras la pena de prisión, lo que también "resulta de una cuestionable inconstitucionalidad".

Recuerda en este sentido que "las penas privativas de libertad de carácter temporal no excluyen el reingreso del penado al entorno social" una vez cumplida la condena, "lo que no tendría lugar cuando se le aplicara la prisión permanente revisable".

Según Robles, la Justicia "precisa de otro tipo de reformas que, sin menoscabo de los derechos ciudadanos, agilicen la sobrecarga que gravita sobre numerosos órganos judiciales".