El líder de la trama china de blanqueo de capitales desarticulada en la "operación Emperador", Gao Ping, sospechó de que su teléfono estaba siendo intervenido porque un alto cargo policial le alertó.

Al parecer, fue en el transcurso de una conversación telefónica, según consta en uno de los escritos de la Fiscalía Anticorrupción contenido en el sumario de esta operación, cuando Gao Ping se refirió a la filtración "del director de la comisaría general de España".

Pero el sumario subraya también que el cargo al que aludió el jefe mafioso en la charla interceptada no existe, por lo que se desconoce la identidad de la persona a la que se refería.

Fruto del temor a estar siendo investigado, prosigue el escrito, decidió reunirse con algunos de los máximos "mandatarios" de la trama en la gestoría Auditaser Siglo XXI de Fuenlabrada, regentada por José Luis Naranjo, al que la Policía considera uno de los asesores de confianza de Gao Ping.

Una reunión que para el cabecilla de la organización criminal fue "muy importante" porque, según refleja el escrito, podría haber preparado una contabilidad de sus mercantiles para presentarla en caso de ser objeto de inspección y la cual no se correspondería con las cuentas reales.

A lo largo del sumario se ponen de manifiesto los contactos que muchos integrantes de la trama mantuvieron con policías y guardias civiles y otros miembros de la administración pública para conseguir tratos de favor, principalmente para la concesión o agilización de trámites de cara a regularizar la situación de trabajadores ilegales o para que les quitaran multas.

Recoge así una conversación que la esposa de Gao Ping, Lizhen Yang, mantiene con el agente Blas Donoso, que le asesora sobre los trámites que la madre de ella debe realizar dada su condición de extranjera.

Después, Yang le llama para invitarle a él y a su mujer a comer, "pudiendo tratar con ello por una parte el premiar el servicio que iría a prestar al día siguiente a la madre de ambos, así como afianzar su relación y con ello beneficiarse del trato personal que recibirían en próximas ocasiones".

También recoge el caso del guardia civil Pablo José Jiménez que, según el informe, retiró una multa a los miembros de la trama o los vehículos de sus empresas y ofreció asesoramiento para recurrirlas a cambio de un ordenador portátil.

Y no solo a agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado, sino que la red habría sobornado también a agentes aduaneros de puertos españoles donde recibía las mercancías de China y a políticos de ese país para realizar negocios inmobiliarios, según un informe policial adjuntado al sumario de la investigación.