La Fiscalía de la Comunitat Valenciana ha archivado las diligencias contra miembros del Banco y de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por no comparecer en la comisión de investigación de la CAM en las Corts Valencianes.

El escrito, firmado por el Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, señala que "en ninguna citación a comparecer se advierte de responsabilidad penal, es decir, no hay apercibimiento de consecuencia alguna".

En esta línea, explica que el artículo 502 del Código Penal establece que "cometen desobediencia los que requeridos bajo apercibimiento dejasen de comparecer ante una comisión de investigación de una asamblea legislativa de comunidad autónoma". Así, añade que "al no darse los requisitos exigidos, no se comete delito y procede al archivo" de las diligencias.

La comisión de investigación de la CAM en las Corts acordó poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la negativa de exdirigentes del Banco de España y del FROB a comparecer en esta comisión que trata de poner luz sobre el proceso que llevó a la intervención de la CAM por parte del Banco de España el 21 de julio de 2011.

En concreto, se negaron el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; los exsubgobernadores Francisco Javier Ariztegui y José Viñals; el director general de Supervisión Jerónimo Martínez; los responsables de Inspección Pedro González y Ángel Rico; el director general y el exdirector del FROB Mariano Herrera y Julián Atienza, respectivamente; y la ex directora general del Tesoro y Política Financiera del anterior Ministerio de Economía y Hacienda, Soledad Núñez Ramos.

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez remitió un escrito a las Corts Valencians junto a un informe del Consejo de Estado en el que el órgano consultivo expresaba la no obligatoriedad de los dirigentes del Banco de España y del FROB de comparecer en los parlamentos autonómicos.

Dos nuevas citaciones

A partir de ahí, hubo dos nuevas citaciones a comparecer, con dictámenes sobre la cuestión de un letrado de las Corts y del Consejo de Estado no coincidentes, pero, según el fiscal, en ninguna se advertía de la "responsabilidad penal".