El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los recursos de la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT-A y CCOO-A contra dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, como sostenía CSIF-A, declararon la nulidad de las subvenciones en materia de formación concedidas por el Gobierno andaluz a estos agentes en el marco de la Concertación Social.

Se trata de dos sentencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, una que hace referencia a tres acuerdos de 19 de julio de 2005 del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por los que se autoriza la concesión de subvención mediante convenio de colaboración en materia de formación profesional ocupacional, con UGT-A, CCOO-A y CEA, y otra contra una orden de la Consejería de Empleo que exigía a los solicitantes de las subvenciones que tengan el carácter de más representativas. En ambas, el Supremo confirma lo dictado por el TSJA y da la razón a CSIF-A.

En las sentencias, adelantadas este lunes por ABC, el Supremo considera que se "vulnera el derecho a la libertad sindical" de CSIF-A que "no ha obtenido ayudas en esa materias formativas por no haber suscrito el Plan o Acuerdo de Concertación, siendo este el elemento determinante de exclusión de otras entidades sindicales u organizaciones".

Así, respalda lo dictado por el TSJA, que indica que la exclusión en la suscripción del acuerdo de concertación "supone, en la práctica, la exclusión a la hora del otorgamiento de subvenciones a quienes no firmaron el referido acuerdo". El TS refrenda que "no es contrario a la ley suscribir un acuerdo político con una o varias fuerzas sociales; en este caso, las más representativas" pero "lo que puede ser contrario a derecho es la exclusión de otros agentes sociales a la hora de la concesión de subvenciones en la medida en que de esta forma, directa o indirectamente, se puede vulnerar la libertad sindical".

Asimismo, como señalaba la sentencia de instancia, no duda de que "la acción formativa llevada a cabo mediante subvenciones favorece a unos sindicatos y perjudica a otros" ya que "los excluidos se ven así condenados a una menor presencia entre los trabajadores, con lo que difícilmente podrán mejorar su condición representativa".

En definitiva, asume que se produce "una especie de círculo vicioso" ya que al que "no es más representativo se le excluye de las subvenciones y al no obtener subvenciones no consigue aumentar su representatividad. Es un "círculo en efecto vicioso, no tolerable desde una óptica de legalidad constitucional", tal y como entiende el propio Tribunal Constitucional.

En la sentencia del tribunal andaluz se señalaba que "la mayor representatividad es criterio objetivo pero que no puede comportar la exclusión de los agentes que no lo sean, para que, proporcionalmente a su implantación y representatividad, puedan verse beneficiados de la acción de fomento de los poderes públicos en materia propia y genuina de los sindicatos, u organizaciones patronales en su caso".

Ejecución inmediata

Tras conocer las sentencias, la asesoría jurídica de CSIF Andalucía solicitará la ejecución inminente e inmediata de las mismas y estudia los pasos a dar. Por el momento, el sindicato considera que la Junta debe dar "unas cuantas explicaciones", según ha señalado a Europa Press el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia. "Se las debe al conjunto de la ciudadanía. Esperemos que, en este asunto por lo menos, los políticos andaluces estén a la altura de las circunstancias", ha confiado.

Heredia ha indicado que la sentencia del Supremo confirma que los planteamientos de CSIF-A eran "coherentes y lógicos ante la situación de discriminación que el VI Acuerdo creaba" y ha mantenido que el asunto de las subvenciones sobre formación y fomento del empleo es un tema de "responsabilidad social" en el que la actuación de la Administración no ha sido "la idónea", al igual que -según sus palabras— ocurre en el de la Reordenación o el Concurso de Méritos.

Por último, ha querido dejar claro que CSIF-A no va "contra ningún sindicato, ni contra ningún partido político, sino contra los posibles desmanes de la Administración y contra los presuntos fraudes que dentro de ésta se pueden producir".