El dueño del piso de calle Salmón dice que no tuvo otra opción y que es víctima de una "injusticia"

Defiende que también carece de "recursos" y que los impagos del alquiler habían derivado en un proceso de ejecución de la hipoteca que pesa sobre la vivienda

El propietario de la vivienda de la calle Salmón donde recientemente era paralizada una orden de desahucio sobre la familia que reside en tal inmueble mediante alquiler argumenta que "no tuvo otra opción" que promover el mencionado desahucio. El dueño de esta vivienda alega los impagos en los que incurrían los arrendatarios y avisa de que el banco había emprendido la ejecución de la hipoteca asociada al inmueble al sufrir también él una situación de "falta de recursos".

Como se recordará, el pasado 5 de diciembre la opinión pública puso sus ojos sobre el número diez de la calle Salmón, en el sevillano barrio de San Jerónimo, a cuenta de la orden de desahucio que pesaba sobre la familia que habita el inmueble en cuestión. La familia de senegaleses que reside en esta vivienda, según manifestaban el movimiento ciudadano '15M' y los colectivos vecinales de San Jerónimo, afrontaba mensualmente una renta de alquiler de 300 euros más 40 euros correspondientes a las cuotas de la comunidad, incurriendo en una demora en los pagos de la que derivaba la citada orden de desahucio.

Hipoteca sostenida a través del alquiler

El desahucio, no obstante, fue paralizado y esta familia estaría preparando su mudanza al haber expirado su contrato de alquiler y no mediar un acuerdo entre las partes para renovar tal contrato. Pues bien, como consecuencia del impacto mediático de este caso, los representantes jurídicos del propietario de la vivienda en cuestión han emitido un comunicado en el que defienden que el titular del inmueble ha sido víctima de una "injusticia". Según esgrime la representación legal del propietario, sobre la vivienda en cuestión pesa una hipoteca cuyas cuotas eran satisfechas precisamente gracias "al cobro de la renta correspondiente" al contrato de alquiler de esta familia de senegaleses, pues el titular del piso "obtiene una remuneración de 600 euros" por su trabajo como comercial de una empresa inmobiliaria y también sufre una situación de "falta de recursos".

La representación jurídica del dueño alega que cuando fue "instado" el procedimiento judicial relativo a la orden de desalojo de esta familia, "los arrendatarios debían más de cinco meses de renta y varias cuotas de la comunidad", toda vez que el banco con el que estaba contratada la hipoteca de la vivienda había emprendido "la ejecución" de la misma "ante el impago" de tres de las cuotas del préstamo, extremo a su vez conectado con el impago de las rentas de alquiler.

Ninguna otra "opción"

El dueño de la vivienda, según sus abogados, "no tuvo otra opción que instar la demanda de desahucio por falta de pago" de las rentas de alquiler, no cosechando "oposición alguna" el trámite correspondiente al desahucio. La representación legal del propietario argumenta que aunque la familia de senegaleses "comenzó a abonar la deuda" pendiente en un momento determinado del conflicto, no fue así con "las rentas posteriores a la finalización del contrato".

Así, defiende esta parte que la orden de desahucio fue paralizada por una "cuestión procesal" y no por la "presión social" y niega que la negociación del nuevo contrato de alquiler estuviese sujeta a términos "abusivos". La representación del dueño de la vivienda, finalmente, defiende que esta persona tiene "los mismos derechos y necesidades que se reclaman para el demandado", en este caso la familia de senegaleses, avisa de la "injusticia" sufrida por este hombre y critica la difusión de noticias "poco acordes con la realidad de los hechos, ocultando la verdad".

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