Los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad (Satse, CC OO, Amyts, CSIT, UGT y USAE) han presentado este lunes un plan alternativo para ahorrar unos 500 millones de euros en el servicio sanitario madrileño sin necesidad de privatizar la gestión de hospitales ni centros de salud, como pretende la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad les pidió un ahorro de 533 millones como primera condición para retirar su Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Madrid.

Los representantes de los trabajadores consideran que la atención en los hospitales de gestión pública o mixta (como los nuevos centros construidos en la última legislatura) es más barata que en los hospitales externalizados. Concretamente, según los cálculos de los sindicatos, los centros mixtos tienen un gasto de 396,6 euros por paciente, mientras que los de gestión privada gastarían 516 euros por persona.

Estas cifras contrastan con las aportadas por la Comunidad hace dos meses: cuando presentó su plan sanitario, el presidente regional Ignacio González aseguró que los centros público-mixtos tienen un gasto de 600 euros por persona, frente a los 441 de los de gestión privada. Sin embargo, no aportó estudios para avalar estos datos. Ahora, los sindicatos consideran que la Comunidad gastaría 136,2 millones de euros más si acaba externalizando los seis hospitales nuevos (Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Sureste, Tajo y Henares).

También proponen un ahorro de 126,4 millones de euros mediante la "adecuación de la estructura directiva de Atención Primaria (centros de salud), manteniendo solo aquellos puestos eficientes". En este ámbito, el plan de la Comunidad contemplaba conceder la gestión del 10% de los centros de salud (27 ambulatorios) a cooperativas formadas por sus propios trabajadores, lo que implica una privatización de su gestión.

Además, los sindicatos plantean el ahorro de 62 millones de euros con la "contención del gasto farmaceútico" por parte de los profesionales, es decir, fomentando que los médicos prescriban únicamente las recetas que sean necesarias. De esta forma tampoco haría falta implantar la tasa del euro por receta, prevista por González para enero de 2013.

Las seis organizaciones con representación en la mesa sectorial de Sanidad, más CSIF, han incluido dentro de su contrapropuesta la necesidad de "asumir que la Comunidad de Madrid debe acudir al fondo de rescate autonómico" para obtener recursos, o "en su defecto buscar otras formas de financiación".

El documento entregado por los sindicatos tiene varios puntos de acuerdo con la Consejería de Sanidad, como destaca el director de Recursos Humanos del departamento, Armando Resino. En concreto, están dispuestos a realizar un estudio pormenorizado de las plantillas, a hablar sobre las jubilaciones, a prescindir de las operaciones en horas extra (que obliga a la Comunidad a pagar las conocidas como peonadas) y a crear una central de compras de medicamentos para reducir el gasto.

El consejero Javier Fernández Lasquetty, que se reunió a continuación con el Comité Profesional formado por jefes de servicio y representantes de los centros, "la externalización sigue siendo el principal escollo", por lo que pidió a los sanitarios y a los sindicatos "una alternativa concreta, viable, posible". Además, el Comité ha pedido al consejero que paralice el despido de interinos que se producirá el próximo 1 de enero.

Lasquetty, sin embargo, considera que la propuesta de acudir al Fondo de Liquidez Autonómica para financiar la sanidad no es una "alternativa", ya que la Comunidad no necesita recurrir a este porque "sigue teniendo acceso al crédito".

Los sindicatos y Sanidad se volverán a reunir este martes para seguir negociando. Mientras, los sindicatos de la Mesa Sectorial mantienen la huelga sanitaria (miércoles 19 en hospitales y jueves 20 en centros de salud). La asociación de médicos Afem también sigue con su convocatoria de huelga indefinida para los especialistas, que este lunes mantenía un seguimiento superior al 70%, según el colectivo. Su objetivo es la retirada del plan de privatización de la Comunidad.