La Policía ha desarticulado en Asturias una red dedicada a la introducción en España de ciudadanos chinos a los que cobraban entre 2.000 y 4.000 euros por la tramitación de los permisos y les hacían trabajar en condiciones "muy precarias" en tareas para las que no habían sido contratadas.
Según informó en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, esta red, "la más importante de este tipo desarticulada en España", introdujo desde que comenzó a operar, hace poco más de un año, a unas 130 personas a través de un entramado de empresas que, en muchos casos, carecían de actividad.
Las investigaciones de la "Operación Dragón" comenzaron hace nueve meses y se han saldado hasta ahora con 35 detenciones -20 personas de nacionalidad china y 15 española- de las que tres han ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, que mantenía hasta hoy el caso bajo secreto del sumario.
Varias sociedades instrumentales
El juez adoptó esta medida con una empresaria gijonesa, fundadora y administradora de varias de las sociedades instrumentales, y con uno de los gestores encargados de tramitar la documentación para solicitar permisos de trabajo y residencia y pagar las cotizaciones.
El tercer detenido que ha ingresado en prisión es el cabecilla del clan chino que disponía de varios restaurantes y bazares en Oviedo en los que acababan trabajando, según Trevín, en condiciones de "explotación laboral y económica" y que en ocasiones incluso eran enviados a otros establecimientos situados fuera de Asturias.
Empleados públicos
De los 35 detenidos, entre ellos un empleado de la Consejería de Economía y Administración Pública de Gobierno asturiano, tres están acusados de infringir la Ley de Extranjería , mientras que el resto están imputados en una causa penal por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores, falsificación de documentos y asociación ilícita.
La red llegó a crear hasta once empresas de forma sucesiva para evitar ser detectada por la Seguridad Social y contaba con la colaboración de personas que figuraban como empleadores de los inmigrantes, fundamentalmente para el servicio doméstico, "por razones humanitarias" o a cambio de unos 1.500 euros.
Posteriormente, el cabecilla del clan chino utilizaba los contactos de que disponía en su país de origen para seleccionar a los inmigrantes y cobrarles entre 2.000 y 4.000 euros por extenderles certificados de normalización para ingresar en España.
La legalidad era sólo un sueño
Los inmigrantes iniciaban su viaje en la creencia de que su situación laboral estaría perfectamente regulada a su llegada a España y advertían a su llegada que habían caído en manos de una organización criminal que los destinaba a bazares y restaurantes donde se les imponían horarios laborales de hasta catorce horas y se defraudaba en las cotizaciones a la Seguridad Social.
Las sucesivas empresas creadas tenían como administradores o fundadores a varios de los detenidos y contaban con la misma sede social y, en otras ocasiones, el centro de trabajo ni siquiera existía o no realizaba ninguna actividad a pesar de haber dado de alta en la Seguridad Social a varios trabajadores chinos.
Una de estas empresas tenía como actividad social la contratación de modelos y actores chinos, aunque los inmigrantes llegados a Asturias manifestaron que no sabían exactamente para qué los contrataban, que no tenían experiencia en estas actividades e incluso el Consulado de España en Shangai comprobó que la compañía que acreditaba su experiencia profesional no existía.
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