Un Juzgado de Santander ha impuesto multas de 60 y 90 euros por una falta contra el orden público a los cinco acusados de insultar al ministro de Educación, José Ignacio Wert, durante su estancia el pasado mes de julio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La sentencia, dictada por el Juzgado de Instrucción número Cinco de Santander considera probado que el día 4 de julio, estando el ministro en el recinto del Palacio de la Magdalena de la capital cántabra, en la inauguración de los cursos de la UIMP, cuatro de los acusados se dirigieron a Wert y el quinto, al consejero de Educación de Cantabria, con expresiones como "hijo de puta, ladrón, chorizo" y otras semejantes.

Los hechos fueron presenciados por dos policías nacionales, que identificaron y denunciaron a los acusados: dos estudiantes, un parado, una viuda con un hijo a su cargo y un miembro de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública.

La Fiscalía pidió para cada uno de los cuatro primeros acusados multas de 60 euros y para el quinto, de 90, las mismas a las que les condena la juez, que también les impone el pago de las costas judiciales.

En el juicio, celebrado el pasado mes de noviembre, los imputados declararon que los insultos contra Wert iban dirigidos no a la persona, sino al cargo que ostenta; se declararon inocentes y afirmaron que si de algo son culpables es de defender la enseñanza pública frente a los recortes del Gobierno.

Los cinco acusados no se conocían entre sí pero coincidieron el día de los hechos en la "primera línea" de una concentración contra los recortes en la educación pública, en la que participaron unas 50 personas. Una sexta persona fue denunciada en aquella protesta, pero al ser menor de edad, no sigue el mismo cauce que los ahora condenados.

En el juicio, los agentes denunciantes explicaron que al llegar el ministro, los denunciados profirieron "insultos graves" contra las autoridades presentes, especialmente contra el ministro.

Los acusados se mostraron de acuerdo con la declaración de los agentes aunque con "matices", salvo el condenado a multa de 90 euros, Óscar Manteca, miembro de la plataforma en defensa de la enseñanza pública, quien aseguró que los policías le identificaron "antes de que sucedieran los hechos" y que le dijeron que era "escoria del 15M".

La viuda, María Luisa González, explicó que como "madre preocupada por el futuro de su hijo", acudió a la protesta para manifestar su descontento ante el deterioro de uno de los "pilares básicos" del Estado de Bienestar como es la educación. En similares términos se pronunciaron Alfonso Javier Riancho, estudiante; Manuel Fernández, en paro desde abril de 2009 y sin ingresos desde febrero de 2010; y Pablo Lobeto, estudiante.

La abogada defensora de los acusados invocó el derecho a la libertad de expresión, un derecho que para la juez "no puede entenderse ilimitado ni amparar un pretendido derecho al insulto".