El juez Eduardo López Palop, que instruye la causa por la muerte de cinco adolescentes en una fiesta celebrada en el pabellón municipal Madrid Arena, ha admitido la personación en el caso del sindicato Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento (Citam), según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

A su vez, el Citam ha presentado una querella criminal contra la alcaldesa de Madrid, Ana Botella y otros cuatro responsables municipales por los cargos de homicidio por imprudencia y prevaricación omisiva. La querella está en estudio por parte del magistrado, pero no ha sido admitida a trámite aún, en contra de lo asegurado por Citam y como se informó por error.

Además de la alcaldesa, el sindicato pide la imputación del concejal de Seguridad, Antonio de Guindos, y de dos exdirectivos de Madrid, Espacios y Congresos (Madridec, sociedad pública que gestiona el multiusos), el exconsejero delegado José Ángel Rivero y el exgerente, Jorge Rodrigo. También se dirige contra el exconcejal de Economía Pedro Calvo, superior jerárquico de los dos anteriores.

Calvo ya está imputado, aunque el juez no le ha referido cargos. Rivero y Rodrigo fueron destituidos por Botella por no revelar que Diviertt, la empresa promotora de la fiesta y propiedad de Miguel Ángel Flores, tenía un contrato de preferencia para montar eventos en el multiusos.

Está previsto que el secretario general de Citam, Manuel Álvarez, explique los detalles en una rueda de prensa que tendrá lugar en los próximos días y en la que estarán presentes los abogados que han redactado el texto, añadió la central.

Los letrados entienden que Botella y su equipo pudieron cometer un delito de prevaricación por permitir el funcionamiento del Madrid Arena a sabiendas de que existían deficiencias y de que las instalaciones carecían de licencias.

Estos han sido dos de los aspectos que más interrogantes han suscitado desde la tragedia. Un informe del propio departamento municipal de Urbanismo de 2010 sostiene que el Madrid Arena necesitaba al menos una salida de emergencia más a nivel de pista, en uno de cuyos vomitorios se produjo la avalancha mortal que acabó con la vida de las cinco chicas. Además, Madridec intentó obtener el permiso de funcionamiento, pero Urbanismo se lo negó por que no cumplía la ley.

El Consistorio aduce que la normativa le ampara, ya que el Madrid Arena no necesita licencia por ser un espacio municipal. Además, ha asegurado que, aunque no cumple el actual Código de Edificación, sí lo hacía cuando se construyó y no está obligado a adaptarse salvo que cambie la titularidad del edificio, el uso o que se hagan obras de calado, algo que no ha pasado. El sindicato policial SUP insiste en que la Ley del Deporte y la Ley de Espectáculos de la Comunidad de Madrid exigen que sí haya licencia.

Debido a esta carencia de permisos, el sindicato Citam quiere que se impute a Botella y su equipo por cuatro delitos de homicidio por imprudencia. La alcaldesa sería la máxima responsable política de lo ocurrido, seguida de Calvo. Rivero y Rodrigo, a su vez, deberían haberse asegurado de que el pabellón cumplía todas las directrices de seguridad. De Guindos, por último, era el responsable del dispositivo policial que no evitó el botellón en las inmediaciones del Madrid Arena aquella noche.