La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) ha pedido al Gobierno de España que impulse una investigación oficial sobre los casos de "desaparición forzada" durante el franquismo, pues es "una de las más graves violaciones de derechos humanos".

Esta asociación, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora el día 10 de diciembre, ha sumado su voz a la de los familiares de las personas desaparecidas, "especialmente a las extremeñas".

De esta forma, ha criticado que, transcurridas más de siete décadas desde el golpe militar de 1936, "cientos" de hombres y mujeres continúan enterrados en cunetas; en fosas comunes en cementerios "públicos y clandestinos"; en fincas públicas y privadas; y en otros lugares de Extremadura "sin que sus familiares hasta día de hoy hayan podido recuperar sus cuerpos para darles digna sepultura".

"Las autoridades españolas no pueden seguir desoyendo a su sociedad civil, a las asociaciones de víctimas y a los órganos internacionales de derechos humanos. Su actitud compromete seriamente la responsabilidad internacional de España, porque es jurídicamente contraria al Derecho internacional", ha apuntado en nota de prensa.

Así, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, desde la Armhex se pide al Gobierno español y al Gobierno de Extremadura que asuman un "compromiso categórico con los derechos humanos en cuanto a las desapariciones forzadas del franquismo se refiere".

"Tienen el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y sus familiares. Las autoridades españolas, tanto estatales y como autonómicas, tienen el deber ético y jurídico de cumplir sus compromisos con la legalidad internacional", ha asegurado la asociación extremeña.

Amado viera amores

En esta línea, ha puesto como ejemplo el caso de Amado Viera Amores, que fue abogado y alcalde republicano de Valencia de Alcántara (Cáceres) en 1936. Explica la Armhex que, tras el golpe militar, fue detenido el 25 de septiembre de 1936 en su domicilio "por varios falangistas, y requerido para que les acompañase a la Inspección de Policía, a la puerta de la cual le hicieron subir a un coche rumbo desconocido".

Siendo "público y notorio en el pueblo su asesinato ese mismo día", junto a otros hombres, "en la mina de la finca de 'Cuadrillas de Arriba' del mismo término municipal de Valencia de Alcántara, en la que arrojaron sus cuerpos, según contrastadas investigaciones historiográficas", ha añadido.

Su cuerpo, al igual que el de los otros hombres, se encuentra "aún hoy" en "aquella fosa, sin que haya sido posible su recuperación, por la manifiesta negativa de los propietarios de la finca donde se ubica la misma a permitir el paso a los técnicos para las labores de prospección de la fosa".

"A pesar de que existe ya desde noviembre de 2011, un proyecto aprobado y subvencionado para el sondeo arqueológico de esa fosa, por el Ministerio de la Presidencia, sin que hasta la fecha la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura haya avanzado en el trámite del expediente de ocupación temporal forzosa del terrenos, tal y como se recoge en el art. 14.3º de la ley 52/2007 y como es su obligación", ha expuesto la Armhex.

Además, ha añadido que "si tal trámite no se lleva a cabo, el proyecto citado no podrá ejecutarse, después de estar aprobado por cumplir todos y cada uno de los requisitos legales".