El Grupo Parlamentario Socialista defenderá esta semana en el Pleno del Parlamento andaluz una iniciativa en la que exige al Gobierno de la Nación que derogue la Ley de tasas judiciales y que muestre su rechazo a la creación del impuesto a tipo cero sobre los depósitos de las entidades de crédito.

Según argumenta el PSOE-A en el texto de su proposición no de Ley, consultada por Europa Press, el contenido de la citada norma sobre tasas judiciales no solo se ha ganado el rechazo de "la práctica totalidad de los agentes del sector jurídico" sino que, además, resulta "inconstitucional" por dos motivos: "porque rompe el principio de igualdad dado que únicamente podrán acceder a la justicia el que tenga posibilidades económicas, y otro porque vulnera la tutela judicial efectiva al obstaculizar gravemente el acceso de los ciudadanos a la Justicia".

A esto hay que sumar, advierten los socialistas, que esta nueva Ley de tasas judiciales "viene a incrementar la carga fiscal a la ciudadanía y a las empresas, ya que supone una nueva vuelta de tuerca en perjuicio de aquel que quiera instar judicialmente sobre un asunto determinado".

"En definitiva, esta Ley menoscaba derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española puesto que, además de la conculcación del principio de igualdad, no garantiza el derecho que tienen todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, provocando lo que la norma constitucional prohíbe, es decir, la indefensión; hecho que motiva una derogación inmediata del texto recientemente aprobado", defiende el PSOE-A en su iniciativa.

Para los socialistas andaluces esta derogación está justificada también porque, en vez de ayudar a la ciudadanía con bajadas tributarias por ejemplo, el Estado ha planteado la supresión del Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía, a través de la presentación de una enmienda en la tramitación en el Senado de una ley estatal de medidas fiscales, de acompañamiento a los Presupuestos Generales.

Es decir, que ha creado un impuesto estatal que entrará en vigor el 1 de enero y que grava el valor de los depósitos de clientes en las entidades de crédito españolas o extranjeras con presencia física en España pero a "un tipo impositivo cero", lo que significa que los bancos "no tendrán que pagar nada por este nuevo impuesto" y, encima, impedirá a las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Canarias cobrar su propio impuesto autonómico sobre este concepto.

"Esta actitud del PP y del Gobierno de la Nación, si la enmienda termina por prosperar, supone una nueva afrenta al principio de lealtad institucional que debe regir las relaciones entre las Administraciones, por invadir el espacio fiscal propio de las Comunidades Autónomas, en uso de su autonomía constitucional, sin que éstas sean, no ya consultadas, sino informadas previamente", advierte el Grupo Socialista.

Ante ello, exige la eliminación de este impuesto estatal pidiéndole a todos los grupos parlamentarios en las Cortes Generales que lo rechacen durante su tramitación en el Senado.