Hay un momento en que, por mucha pintura que usemos para simular buen aspecto, la estructura de un edificio sufre los achaques del tiempo. En 2011, el Gobierno aprobó un decreto que obliga a los propietarios de viviendas de más de 50 años (30, 40 o 50 años, según el municipio) a tener que pasar una inspección técnica, algo así como la ITV de los coches.

La Inspección Técnica de Edificios (ITE) ya existía, pero el número de expedientes era casi residual. Desde julio de este año es obligatoria. De hecho, en teoría, es obligatorio exhibir el certificado de aptitud para vender una vivienda.

Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), los requisitos de la ITE, su coste, las ayudas, etc. son muy variables, y la calidad de los informes también, pues no incluyen estudios exhaustivos ni pruebas homologadas, algo que –considera– sería necesario, además de una garantía para los usuarios.

No pasar la ITE puede tener consecuencias negativas; por ejemplo, que el banco nos deniegue la hipoteca. La OCU lo ilustra con el caso de una compradora, a quien la entidad financiera, tras conocer el informe negativo de la ITE, cobró la tasación y negó el préstamo que solicitaba.

En opinión de la OCU, la exigencia de la ITE puede ser un problema para quienes piensan vender una vivienda. Por un lado porque los informes son muy subjetivos, y no está clara la frontera entre lo que puede suponer un fallo de seguridad y lo que es un mero problema estético.

Por otro, las obras que se exigen tras un informe de ITE pueden llegar a ser muy costosas. La falta de medios de la comunidad, por pocos ingresos o porque haya vecinos morosos, puede convertirse en un problema e impedir que se materialice la compraventa de un inmueble.

Para la OCU, estas inspecciones son necesarias, pero deberían depender directamente de un organismo público e incluir pruebas homologadas sobre estructuras. Por otro lado, es preciso que haya una responsabilidad clara por el resultado de la ITE.