El Consejo General de la Abogacía Española, cinco sindicatos -UGT, CCOO, USO, STAJ y CSI-F- y el Consejo de Consumidores y Usuarios han constituido este miércoles la Plataforma Justicia Para Todos para manifestar su rechazo a las reformas llevadas a cabo por el ministro Alberto Ruiz Gallardón.

Son, han explicado, un ataque contra los derechos fundamentales recogidos en la Constitución y una privatización inconstitucional de la Justicia. "Mañana la Constitución cumple 30 años, pero este texto hay que seguir defendiéndolo entre todos. No queremos comprar nuestros derechos porque ya son nuestros, los conquistamos nosotros", ha señalado Carlos Carnicer, presidente del CGAE, en una rueda de prensa.

Las organizaciones integradas en la plataforma han destacado que la diversidad y amplitud social de su composición pone de manifiesto el rechazo social y la gravedad de las medidas contra las que se posicionan. Entre estas medidas han citado las nuevas tasas judiciales y también las normas sobre desahucios y las reformas previstas sobre el Registro Civil o de la Ley de Justicia Gratuita.

En este mismo sentido, han expresado su apoyo a las movilizaciones de la comisión que agrupa a todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, también contraria a estas propuestas.

José Ramón Lozano, de Consumidores y Usuarios, ha destacado que la Ley de Tasas dificultará el acceso a la justicia de los consumidores en procesos por cantidades superiores a los 2.000 euros y también se ha quejado del doble sistema de tasas (fijas y variables).

A ello se suma que los laudos arbitrales no serán gratuitos como hasta ahora, todo lo cual beneficiará a las grandes empresas, que podrán presionar con ese coste a los ciudadanos en un proceso de negociación, ha denunciado también. Además, ha considerado "muy limitada" la cobertura de justicia gratuita para unidades familiares sin recursos prevista por el ejecutivo.

Los representantes sindicales de UGT, CCOO y USO han destacado que el cobro de tasas limita la capacidad de defensa frente a los poderosos de los trabajadores (porque deberán pagar en lo Social por recurrir sentencias contrarias y porque, en el caso de la función pública, la Administración no pagará tasas en procesos de funcionarios contra ella).

Además, han apuntado que la reforma de la Justicia se integra en una estrategia contra la capacidad de los sindicatos de defender a los trabajadores y que se ha producido de manera autoritaria, sin diálogo con los interlocutores sociales, y con el eje de la defensa de los poderosos antes que la de los ciudadanos.

Como ejemplo de privatización de la Justicia los sindicalistas han citado que la reforma del Registro Civil prevé nuevas tasas al tiempo que pone esta oficina en manos de los registradores y notarios.