La Junta de Castilla y León ha retirado al Ayuntamiento de Candeleda (Ávila) las competencias de urbanismo en el caso de una promoción de cien chalés por un supuesto retraso en la tramitación municipal, según denunció el alcalde de Candeleda, Miguel Hernández (PSOE).

El regidor lamentó que el Gobierno regional, al retirar la competencia en el caso de esa única promoción, "haya impuesto su criterio en esta ocasión, sin respetar lo más mínimo la autonomía municipal".

En la zona afectada existen yacimientos arqueológicos que, de llevarse a cabo el proyecto, deberán ser conservados.

Hernández, que gobierna en coalición con dos grupos independientes, indicó que el PSOE "ya expresó su total rechazo" a este proyecto urbanístico en la pasada legislatura, cuando el Ayuntamiento estaba gobernado por el PP que entonces contaba con mayoría absoluta.

Tras las últimas elecciones municipales, la coalición entre el PSOE y dos grupos independientes otorgó la Alcaldía a los socialistas, que no están de acuerdo con este proyecto.

Según el regidor de Candeleda, la "excusa que ha puesto la Junta" para retirar la consistorio las competencias de urbanismo en este caso consiste en que "el equipo de gobierno estaba retrasando los trámites necesarios para que la urbanización se construyera".

Hernández afirma que la acción de la Junta no procede

Sin embargo, Miguel Hernández explicó que "antes de la aprobación provisional, cualquier proyecto de estas características tiene que contar con unos informes preceptivos, que debe hacer la Junta de Castilla y León".

Se refirió al estudio de impacto ambiental, que "nunca ha llegado a las dependencias del consistorio", y al informe del Servicio Territorial de Cultura, que "llegó a finales de septiembre" y fue favorable a la urbanización.

Según argumentó el alcalde, él no ha retrasado la concesión de licencias, aunque dijo que es cierto que no está de acuerdo con el desarrollo de la promoción, por su ubicación, ya que se encuentra "en los inicios de la Sierra de Gredos".

Asimismo, justificó su postura en contra, debido al "impacto visual, paisajístico y medioambiental extraordinario", así como a "las consecuencias que acarreará al municipio la concesión de agua".