El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha convocado una nueva reunión sectorial para el próximo día 19 de diciembre después de escuchar las críticas de algunas Comunidades Autónomas a su propuesta de reforma educativa.

Así lo adelantó la consejera andaluza de Educación, Mar Moreno, al finalizar la reunión de este martes, que ha durado más de tres horas y en la que, según ella, "se ha subsanado un error grande del Ministerio". "Hemos tenido que sacar los dientes anunciando acciones legales, pero finalmente se va a repetir y se va a volver a convocar" otra reunión porque esta "de manera clarísima vulneraba el reglamento de la conferencia sectorial" al haber presentado cambios con tan poco tiempo.

La convocatoria de la nueva reunión fue confirmada poco después por el propio Wert en rueda de prensa, en la que destacó que las comunidades valoraran positivamente que el Ministerio tuviera en cuenta sus aportaciones a la reforma educativa.

"Doce comunidades han mostrado una valoración positiva, aunque hay aspectos para la mejora", dijo Wert, que detalló que cuatro comunidades mostraron discrepancias. "Las comunidades han pedido un breve plazo para convocar otra sesión para pulir los aspectos que sean mejorables y el Ministerio lo ha visto razonable", afirmó para confirmar el nuevo encuentro del 19 de diciembre.

Sobre la polémica con Cataluña, subrayó que "no es cierto que en la norma haya algún elemento que minusvalore la enseñanza del catalán". "Es falso que esta norma sea un ataque a la lengua catalana, es rotundamente falso", insistió Wert para indicar que el Gobierno "no está invadiendo la competencia de Cataluña sobre educación". "Esa interpretación es errónea. Ni se disminuye un ápice el uso del catalán -tal y como establecen las sentencias del TC y TS- ni se entra en ningún elemento de minusvaloración y se establece paridad con la lengua castellana", concluyó.

En relación al texto presentado este lunes, se ha añadido una "alternativa" respecto a las lenguas cooficiales, que tiene que ver con su inclusión en las evaluaciones de ESO y Bachillerato.

Antes del encuentro, las críticas contra Wert y la reforma se hicieron notar gracias a las representantes de Cataluña, País Vasco y Canarias. Primero, la consejera catalana en funciones, Irene Rigau, abandonó la reunión sectorial tras considerar "inadmisible" sus implicaciones para la enseñanza en catalán.

La consejera informó de que Wert presentó otro nuevo texto que tampoco admite, por creer que hay muy pocos cambios respecto al de este lunes. "No se había discutido con nadie -el nuevo borrador- y contradice totalmente el Estatuto de Cataluña y la Ley autonómica de Educación", dijo Rigau en un pasillo tras negarse a posar para los medios delante de un cartel del propio Ministerio de Educación habilitado para ello.

Mientras, la consejera vasca de Educación, Isabel Celaá, ha opinado que el borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) es "claramente inconstitucional e irrespetuoso con las competencias autonómicas", además de "segregador y retrógrado". "Es un borrador elaborado a medida de los intereses de los sectores más conservadores" de la derecha, que "responde a las peticiones de la Comunidad de Madrid" y "no busca el consenso con nadie más", ha advertido la consejera vasca en un comunicado.

A la reunión asistieron en representación del Gobierno Vasco la viceconsejera de Educación, Marian Ozcariz, y el viceconsejero de Formación Profesional, Carlos Crespo, ante la imposibilidad de que acudiese la propia Celaá. Sin embargo, la consejera ha querido expresar su opinión sobre este borrador, remitido "a escasas 24 horas de la reunión" y que, a su juicio, "rompe todos los consensos sobre los que sustenta la Educación".

La reunión sectorial convocada en el Ministerio de Educación para debatir el nuevo borrador sobre la reforma educativa comenzó pasadas las 16.15 horas con las críticas también de la representante canaria. La viceconsejera de Educación canaria, Marcela Armas, comentó que la ley supone un retroceso educativo de cuarenta años, "segrega a los alumnos y discrimina absolutamente a los que tienen menos recursos". Para Armas, las autonomías tendrán que invertir entre 600 y 1.900 millones de euros que no tienen para ponerla en práctica.