El abogado especialista en propiedad intelectual David Bravo ha vuelto a denunciar la poca transparencia de la Administración a la hora de revelar los mecanismos que aplica la Comisión de Propiedad Intelectual para decidir qué páginas web vulneran los derechos de autor y cuáles no. En concreto, Bravo ha criticado las continuas negativas del Ministerio de Cultura a la petición de conocer quiénes componen el organismo conocido popularmente como 'Comisión Sinde'.
El abogado informó hace unos días de que finalmente había recibido el nombre de los miembros de la comisión, aunque explicó que no le permitían revelarlos. Ahora, David Bravo ha dado más detalles, revelando que solo se le permite utilizar esta información en relación con los procedimientos abiertos contra sus clientes. "No está permitida la cesión de estos datos a terceros ni la utilización de los mismos para fines distintos de los señalados", aegura el Ministerio de Cultura en un comunicado enviado al letrado.
"Me advierten de que si revelo esos nombres se me impondrá una multa por vulneración de la Ley de Protección de Datos así como iniciar contra mi posibles acciones civiles y penales", explica David Bravo.
Una portavoz de Cultura ha confirmado a 20minutos.es lo revelado por David Bravo, que el abogado tan solo puede utilizar los nombres facilitados para la defensa de los expedientes de sus clientes. Además, ha explicado que no se han hecho públicos los nombres de los miembros de este organismo por "no considerarlo una información relevante".
"La comisión está integrada por funcionarios de primera categoría, muy preparados y con conocimientos sobre propiedad intelectual. Eso es lo importante, no los nombres. De hecho, en un principio se evaluó la posibilidad de difundir la identidad de los miembros de la comisión, pero se descartó, ya que sed trata de funcionarios que hoy están aquí pero que mañana pueden estar en Interior o en cualquier otro puesto", relata Cultura.
Aunque el Ministerio de Cultura considera la identidad de los miembros de la comisión como algo secundario, el abogado David Bravo insiste en que se trata de una grave falta de transparencia: "Un organismo público, que decide sobre cuestiones sensibles que afectan no solo a quien publica contenidos sino también a quien accede a ellos, se niega a revelar quién la constituye". "Se trata de una información de claro interés público", señala.
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